Friday 18 September 2026
Audiencia Nacional rechaza paralizar el campamento de migrantes en el Puerto de Ceuta
3 minutos de noticias · Política
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La Audiencia Nacional ha rechazado paralizar el campamento de 1.700 personas que el Gobierno instala en el Puerto de Ceuta para acoger migrantes, permitiendo trasladar 800 personas desde los asentamientos improvisados de la playa de El Trampolín, tras desestimar los argumentos de seguridad del Sindicato Unificado de Policía.
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Los tres magistrados de la Sección 8 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional han acordado este jueves no suspender cautelarmente la instalación y funcionamiento del campamento que el Gobierno busca establecer en el Puerto de Ceuta para acoger a los migrantes que llegaron en la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio desde Marruecos, rechazando así la pretensión del Sindicato Unificado de Policía (SUP).
Pretensión del SUP
El SUP solicitaba la medida cautelarísima de paralizar la instalación de carpas en el Puerto de Ceuta, dependiente del Ministerio de Transportes, hasta que se acreditasen condiciones de compatibilidad portuaria, protección, emergencias y prevención de riesgos laborales. En su recurso contencioso-administrativo, el sindicato abogaba por alternativas de acogida que redujeran la presión sobre la ciudad, como “la utilización temporal de un buque-hotel”, frente a lo que calificaba de “soluciones improvisadas en ubicaciones que pueden generar nuevos problemas de seguridad”.
Justificación de la Audiencia
La Audiencia Nacional explicó que “no está justificada la adopción de la medida solicitada”. Los magistrados subrayaron que la resolución del Ministerio de Transportes constituía básicamente “una autorización temporal para ocupar una superficie de 16.000 metros cuadrados de dominio público” solicitada previamente por la Secretaría de Estado de Migraciones. Según la documentación revisada, esa instalación temporal busca el desarrollo de las funciones atribuidas a la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional.
Los magistrados indican que el Ministerio de Transportes no hizo “pronunciamiento alguno sobre las concretas condiciones en que se va a prestar la atención humanitaria ni sobre las condiciones de prestación de servicios por parte de los agentes policiales”. Sin embargo, el ministerio destacó en su resolución que existen “razones de interés general que justifican el otorgamiento de la autorización” y se otorgó “sin perjuicio de la adopción de las medidas necesarias para garantizar su compatibilidad con la seguridad, protección y normal explotación del puerto”.
Responsabilidades del Ministerio del Interior
Los magistrados entienden que será el Ministerio del Interior quien determine las condiciones de seguridad para los agentes que presten servicio en las instalaciones y para los propios migrantes y demás personal. El Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, señalaba que se solicitaría al Ministerio del Interior “su colaboración activa y aportación de medios necesarios para reforzar la seguridad”. Los magistrados habían acordado el miércoles frenar momentáneamente el campamento para que el ministerio les entregara el expediente de creación del asentamiento, documentación que fue entregada ese mismo día.
Capacidad y traslados previstos
El campamento tiene capacidad para 1.700 personas en una zona que supondría un alivio para la playa de El Trampolín, donde miles de personas permanecen en asentamientos improvisados. El Gobierno preveía que el campamento estuviera disponible a mitad de semana. Tras la decisión de la Audiencia, el Ejecutivo preveía trasladar 800 de las primeras personas desde la playa de El Trampolín a las nuevas carpas durante el jueves por la mañana.
Argumentos de seguridad del SUP
El sindicato aludía a los recientes incendios registrados en distintos asentamientos de Ceuta para enfatizar la necesidad de evaluar previamente los riesgos de incendio, evacuación y actuación ante emergencias, tanto para las personas acogidas como para los usuarios y trabajadores del puerto y para los agentes policiales que tendrían que intervenir.