CCOO y UGT convocan la huelga general por la vivienda del 11 de noviembre y varios sindicatos con más de medio millón de afiliados se desmarcan

Las direcciones de CCOO y UGT han acordado con el Sindicato de Inquilinas convocar una huelga general por la vivienda el día 11 de noviembre. Es la primera huelga general en ocho años de Gobierno progresista de Pedro Sánchez. Los sindicatos que dirigen Unai Sordo y Pepe Álvarez han accedido así a una exigencia de los convocantes de las acampadas por la vivienda y de la calle.

El estallido social tras el desahucio de Maricarmen, que ha desembocado en adelanto electoral tras el rechazo parlamentario de los decretos de vivienda, hizo saltar las alarmas en las centrales sindicales. Tras varios días de reflexión y debates internos para encontrar el encaje legal de una huelga que no tiene su origen en un conflicto laboral, decidieron lanzarse a la convocatoria.

La decisión no ha sido recibida de manera uniforme. El sindicalismo español combina el duopolio de CCOO y UGT con un amplio abanico de sindicatos nacionalistas y alternativos con fuerte implantación territorial. Aunque todos reconocen el problema de la vivienda, se distancian en la huelga general: unos justifican su encaje laboral y otros cuestionan la motivación política.

El Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, establece que una huelga es ilegal «cuando se inicie o se sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados». CCOO y UGT defienden la convocatoria y argumentan que el acceso a la vivienda está directamente relacionado con los bajos salarios.

Antes que ellos, la CGT, de tradición anarcosindicalista, recogió el guante del Sindicato de Inquilinas. Después se sumaron los sindicatos nacionalistas vascos ELA y LAB y la gallega CIG. En total, el frente que respalda la huelga aglutina más de 2,3 millones de afiliados: un millón de CCOO, 984.000 de UGT, en torno a 100.000 de CGT, algo más de 100.000 de ELA, 50.000 de LAB y unos 85.000 de CIG.

El bloque crítico suma unos 550.000 afiliados:

• CSIF, con 260.000 afiliados, no secundará la huelga. Critica sus «connotaciones políticas» y dice que su actividad «se ciñe única y exclusivamente a las cuestiones laborales».
• USO, con 150.000 afiliados, la rechaza porque «con un Gobierno en funciones y el Parlamento disuelto, no existe un receptor real de reivindicaciones».
• Fetico, con unos 95.000 afiliados y peso en la gran distribución, defiende la negociación colectiva y la mejora de los salarios. Muestra su «preocupación» por la «participación de los sindicatos en una huelga que coincide con un proceso electoral» y afirma que, «aun siendo justa, no es de naturaleza laboral».
• Valorian, con más de 40.000 afiliados y gran representación en el comercio, muestra su desacuerdo con «el enfoque de la movilización y la confrontación política que la acompaña».