Tuesday 22 September 2026
Desahucian a una vecina de Gràcia con discapacidad reconocida por problemas de salud mental
3 minutos de noticias · Economía
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Una mujer con 36% de discapacidad reconocida por problemas de salud mental fue desahuciada en Gràcia tras no llegar a un acuerdo con la propietaria, que se negó a incluirla en el contrato. El Ayuntamiento activó protocolos de prevención de suicidio en un contexto de crisis de vulnerabilidad.
Los Mossos ejecutaron el desahucio de Silvia, una vecina del barrio de Gràcia en Barcelona que tiene acreditada una discapacidad del 36% por motivos de salud mental. La orden judicial llegó tras no alcanzar un acuerdo con Bossant 2001, la propietaria del edificio ubicado en la calle Sardenya, 357. Aproximadamente 40 personas se concentraron en las inmediaciones para protestar, entre ellas la exalcaldesa Ada Colau.
Silvia vivía en el piso desde 2013 tras mudarse con su pareja, quien figuraba como titular del contrato de alquiler. Cuando la relación se rompió, el hombre se marchó pero Silvia permaneció en la vivienda. El Sindicat de Llogateres denunció que la propietaria se negó sistemáticamente a incluir a Silvia en el contrato a pesar de sus reiteradas solicitudes. Esta situación, según el sindicato, “agravó su vulnerabilidad”, impidiéndole defenderse ante los juzgados y acceder a ayudas relacionadas con el alquiler.
El Servei d’Intervenció i Mediació en situacions de Pèrdua d’Habitatge (SIPHO) del Ayuntamiento de Barcelona intentó mediar para alcanzar un acuerdo entre ambas partes, pero la propiedad rechazó la propuesta.
Se ha activado el protocolo de prevención del suicidio debido a la “débil situación de salud mental de Silvia” ante esta situación. El Ayuntamiento había ya activado este programa en febrero de 2025 tras verbalizaciones autolíticas de la mujer. Dos miembros del equipo SIPHO, uno con formación específica para casos con riesgo de suicidio, asistieron al desahucio de este lunes.
El Ayuntamiento había solicitado múltiples suspensiones del lanzamiento: en junio de 2025 se aplicó el Real Decreto sobre vivienda; posteriormente en 2026 se acordó una nueva suspensión por cuatro meses por situación de vulnerabilidad. Sin embargo, en septiembre de 2026, los juzgados denegaron la nueva suspensión, ejecutándose el desahucio.
El caso coincide con la denuncia de una muerte por suicidio días después de un desahucio en Hospitalet. El sindicato advierte que el SIPHO registra una media de tres intentos de suicidio al mes, además de numerosas expresiones de ideación suicida.