El conflicto entre Moncloa y Ceuta por el alojamiento de migrantes escala con orden ministerial

El Gobierno ha asumido que la crisis de Ceuta se ha cronificado y busca una solución urgente para alojar a los migrantes. La reubicación en infraestructuras adecuadas se considera el paso necesario para sacarlos de las calles, donde generan impacto en la seguridad ciudadana, y poder localizarlos para tramitar sus devoluciones.

El miércoles, la Audiencia Nacional paralizó cautelarmente un campamento previsto en el puerto que habría alojado a 1.700 personas. El Gobierno expresó su «perplejidad» ante una decisión que frenaba «un operativo logístico inmediato». Sin embargo, horas después, la Audiencia levantó la suspensión y permitió al Ejecutivo proceder con el alojamiento.

Desde Moncloa defendieron que «sacar a estos migrantes de las calles de Ceuta es una prioridad» mediante «condiciones dignas en infraestructuras adecuadas», algo que califican como «la principal demanda de los ceutíes». Todo ello se hace «con criterios estrictamente humanitarios y de orden público».

Conflicto con el Gobierno local

La ubicación del campamento ha generado fricciones evidentes entre el Gobierno central y el Gobierno de Ceuta. Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma, ha vetado algunas ubicaciones por presión vecinal. Ante la incapacidad de llegar a acuerdo, el Ejecutivo tomó control de la infraestructura mediante una orden ministerial del ministro Óscar Puente.

Esto desencadenó una escalada de conflicto. Moncloa acusa a Vivas de sucumbir a la «estrategia de Génova» (PP) y promete una «batalla de la gestión» con advertencia de que «si decide jugar, cartas sobre la mesa».

El relato del Gobierno pasó rápidamente de la «perplejidad» por la decisión judicial a la «satisfacción» tras su levantamiento. Sin embargo, evitaron lanzarse en tromba contra los jueces, siendo cautelosos en sus peticiones públicas de que las medidas cautelares «se resuelvan cuanto antes», a diferencia de la dureza con la que algunos dirigentes socialistas cuestionaban la imparcialidad de la jueza María Tardón, que investiga la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio.