El Constitucional de Conde-Pumpido se desmarca del Gobierno por primera vez y rechaza debatir el recurso sobre la 'ley de nietos'

El Tribunal Constitucional ha rechazado por primera vez desde que lo preside Cándido Conde-Pumpido, ex fiscal general del Estado, respaldar al Gobierno en un asunto de gran trascendencia política. El Pleno ni siquiera ha debatido el recurso del Defensor del Pueblo, que pedía que unos 163.000 nacionalizados por la ‘ley de nietos’ pudieran votar en las elecciones del 29N, un derecho suspendido cautelarmente por el Tribunal Supremo. Diez de los doce magistrados votaron en contra de admitirlo: el bloque progresista se fracturó, algo que el texto califica de extraordinario.

La votación rompe con el alineamiento habitual, de siete progresistas frente a cinco conservadores, y supone un giro en la relación del presidente y del bloque progresista con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Un tribunal que ha avalado leyes del Gobierno

En los últimos años, el Constitucional ha respaldado numerosas leyes impulsadas por el Ejecutivo, como la de vivienda, la de eutanasia, la ‘ley rider’, la ‘ley Celaá’ o el impuesto a las grandes fortunas. También ha corregido al Tribunal Supremo en resoluciones clave para el Gobierno o el PSOE. En julio de 2024 anuló las condenas a José Antonio Griñán y Manuel Chaves por el caso de los ERE de Andalucía, dictadas por la Audiencia de Sevilla y confirmadas por el Supremo. Avaló la ley de amnistía en junio de 2025 y, este mismo octubre, corrigió la interpretación del Supremo para aplicar la medida de gracia a los líderes del procés condenados o procesados por malversación.

Cuatro años de “celeridad”

Conde-Pumpido juró el cargo en enero de 2023 y rompió una tradición al aupar a la presidencia a la progresista Inmaculada Montalbán. Desde el principio prometió “celeridad” para resolver asuntos que llevaban demasiado tiempo en los cajones del órgano. En febrero de 2023 avaló la ley del aborto aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, recurrida entonces por el PP, con la división clara entre progresistas y conservadores, que entonces eran cuatro. Un año después avaló la reforma de la ley del aborto, recurrida por Vox, que permite interrumpir el embarazo a las jóvenes de 16 y 17 años sin consentimiento paterno. En marzo de 2023 dio el visto bueno a la ley de eutanasia, con dos magistrados conservadores sumados al criterio progresista: “La Constitución ampara un derecho de autodeterminación que permite a la persona decidir de manera libre, informada y consciente el modo y momento de morir en situaciones medicamente contrastadas de enfermedades terminales o gravemente incapacitantes”.

Después llegaron la ‘ley Celaá’, aprobada por el Congreso en diciembre de 2020, que recibió el aval del TC pocas semanas después, y tras el verano de 2023, la ‘ley rider’ de 2021 y el impuesto a las grandes fortunas, de nuevo con el tribunal dividido en bloques. En mayo de 2025, la ley de vivienda pasó el filtro casi en su totalidad, un año después de su aprobación: el Pleno rechazó el recurso de la Junta de Andalucía salvo en un artículo sobre vivienda protegida. A comienzos de 2025, el órgano estimó además un recurso interpuesto precisamente por Pedro Sánchez contra la ley de la Comunidad de Madrid que limitaba la personación de asociaciones LGTBI en procesos penales y sancionadores.

En noviembre de 2024 el tribunal avaló las restricciones a la movilidad durante la pandemia, en un giro de 180 grados respecto a la doctrina aplicada tres años antes, con ponencia de Juan Carlos Campo, ex ministro de Justicia de Pedro Sánchez. En la amnistía, la mayoría progresista rechazó de plano el recurso del PP en junio de 2025: “El legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente”. El paso decisivo llegó el pasado 6 de octubre, cuando una sentencia de la que fue ponente Conde-Pumpido declaró amnistiable la malversación del procés, despejó el camino de vuelta a España a Carles Puigdemont y enmendó por completo la interpretación de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Esa resolución abrió un enfrentamiento jurídico inédito entre ambos órganos.

El paso atrás en la ‘ley de nietos’

Un día después de conocer las durísimas críticas de la Sala Segunda por el asunto de la amnistía, Conde-Pumpido ha optado por desmarcarse de los intereses del Gobierno y no corregir al Supremo en el caso de la ‘ley de nietos’. El alto tribunal paralizó el derecho a voto de los nacionalizados que no puedan acreditar que sus ascendientes fueron españoles que huyeron del país y perdieron la nacionalidad por motivos políticos, durante la guerra civil y el franquismo. Es una medida cautelar mientras el Supremo aborda el fondo: la instrucción firmada por Sofía Puente, que presume que todos los huidos de España entre 1936 y 1955 eran exiliados políticos. El Supremo mantiene abierto hasta el viernes el plazo de alegaciones de los perjudicados.

Diez de los doce magistrados consideran “prematuro” admitir un recurso de amparo contra esa cautelar. Con ello, el Pleno “ha cerrado definitivamente las puertas” a que los nacionalizados que se acogieron a la instrucción de Sofía Puente puedan votar en las elecciones del 29 de noviembre.