El Gobierno entrega al Supremo la lista de 163.355 nacionalizados por la ley de nietos, con el voto suspendido

El Gobierno ha entregado este miércoles al Tribunal Supremo la lista con las identidades de los nacionalizados por la llamada ley de nietos, que el alto tribunal le había reclamado el viernes anterior. La Abogacía del Estado cifró en 163.020 las personas inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) afectadas por la suspensión del derecho al voto decretada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Según fuentes del Gobierno, la relación final, tras repasar todos los expedientes, contiene un total de 163.355 nombres.

Todos tienen paralizado el derecho al sufragio, salvo quienes acrediten que son hijos o nietos de exiliados por razones políticas, ideológicas o de orientación sexual. Fuentes de Exteriores señalan que, tras analizar todos los expedientes, se han expedido 901 certificados.

Un plazo con amenaza de multa

El Supremo había dado el viernes cinco días a los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares para remitir esa lista al alto tribunal, a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral. Les advirtió de una multa y de posibles responsabilidades penales si no cumplían antes de las 15.00 de este miércoles. Según fuentes del Gobierno, Exteriores ha coordinado la labor que realizaban los consulados para revisar los expedientes de nacionalización y ha autorizado la contratación de todas las asistencias técnicas solicitadas para poder entregar la lista en plazo.

La Abogacía del Estado ha pedido al Supremo que declare el listado como reservado, porque incluye datos sensibles de carácter personal, para evitar que Vox y el partido extraparlamentario Iustitia Europa “puedan hacer un uso malicioso o ilegítimo de esa información”. Ambos forman parte del procedimiento, pues fueron quienes llevaron el CERA de la ley de nietos al alto tribunal.

Qué listados había y qué se envió

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes envió a la Oficina del Censo Electoral, el pasado 15 de octubre, el listado de 76.600 personas que constan en el Registro Civil digital (Dicireg) como nacionalizadas bajo el paraguas de la ley de nietos, que era la única información que figuraba en ese departamento. Según fuentes del Gobierno, la Oficina del Censo remitió ese listado al Supremo el 21 de octubre. Sin embargo, el alto tribunal, en dos autos notificados el día 23, aseguraba no tener la identidad de ninguno de los afectados y reprochaba al Ejecutivo que solo le hubiera facilitado la cifra de los nacionalizados por la Ley de Memoria inscritos en el CERA a fecha del 1 de agosto, censo válido para el 29-N.

Según los jueces, el último escrito entregado el 21 de octubre incluía tres documentos: dos informes de la Dirección General de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares y uno del Instituto Nacional de Estadística. En ellos se explicaba que, hasta ese día, se habían revisado 31.390 expedientes de nacionalizados por la ley de nietos, de los que solo se habían expedido 91 certificados a personas que han acreditado el exilio de sus padres o abuelos.

El tribunal se preguntó por qué la Administración no había facilitado la relación nominal de electores: “Puesto que la Administración conoce perfectamente, porque ha tramitado y resuelto estos expedientes, la identidad de todas estas personas, no se acierta a adivinar cuáles puedan ser las razones por las que no se haya facilitado a esta Sala la relación nominal de los electores, máxime cuando hay un proceso electoral convocado y, por aplicación de las medidas cautelares de suspensión impuestas, estas personas pueden verse imposibilitadas finalmente del ejercicio de su derecho al voto por la propia inacción de la Administración”.

Cómo se obtuvo la nacionalidad

Los 163.355 nuevos españoles la obtuvieron acogiéndose al procedimiento previsto en la Ley de Memoria Democrática, publicada el 19 de octubre de 2022, que permitía adquirir la condición de español a hijos y nietos de exiliados por razones políticas. También se ampararon en la instrucción dictada seis días más tarde por el Ministerio de Justicia, que ampliaba los supuestos que permitían optar a la nacionalidad y reconocía la presunción de exilio a todos los españoles que salieron del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1975.

El Supremo suspendió el voto de todos, pero acordó que quienes hayan obtenido la nacionalidad al amparo de la ley podrán votar si presentan un certificado del consulado que acredite su condición de descendiente del exilio. Según los datos de Exteriores, de los más de 163.000 expedientes analizados, solo 901 incluyen pruebas que acreditan esta condición.