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Saturday 19 September 2026

El Gobierno obliga a las universidades a que la mitad del profesorado de cada grado sea doctor

3 minutos de noticias · Sociedad

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El Gobierno anunciará un Real Decreto que exigirá que la mitad del profesorado de cada grado sea doctor y el 40% tenga contrato a tiempo completo, además de obligar presencialidad en estudios sanitarios para frenar la proliferación de universidades privadas online.

El presidente Pedro Sánchez ha anunciado un Real Decreto para mejorar la calidad de los títulos universitarios y luchar contra la precarización docente. La normativa exigirá que el 50% del profesorado de cada grado universitario tenga el título de doctor y que el 40% disponga de un contrato a tiempo completo.

“Con ello, no solo vamos a reforzar la calidad de la enseñanza, también vamos a luchar contra la precarización”, valoró Sánchez. Aunque la normativa actual ya exige que las universidades tengan un 50% de profesorado doctorado, no especifica cómo debe distribuirse ese porcentaje entre grados, un vacío que este decreto colmará.

Además de los cambios en el profesorado, el Real Decreto incluirá medidas para exigir presencialidad allí donde sea necesaria, especialmente en ámbitos sanitarios, para evitar que universidades privadas amplíen su oferta online sin garantizar estándares de calidad.

La reforma busca frenar lo que el presidente llama “franquicias expendedoras de títulos”. El Gobierno ya modificó hace un año los requisitos para universidades privadas: ahora los proyectos de centros online deben ser aprobados por el Congreso en lugar de por las comunidades autónomas, y las privadas deben destinar el 5% del presupuesto a investigación.

Sánchez reconoce que España sufre un problema grave de falta de plazas públicas universitarias —se ofrecen prácticamente las mismas que hace 20 años—, lo que ha causado que suban las notas de corte y que unos 17.000 estudiantes al año queden fuera de las universidades públicas, viéndose forzados a acudir a la educación privada o a esperar un año. Responsabiliza a las comunidades autónomas de esta escasez por su control sobre la financiación universitaria.