En las elecciones suecas de este domingo, la dureza migratoria ya es consenso incluso en la izquierda

Suecia celebra este domingo sus elecciones parlamentarias con el Gobierno en problemas para capitalizar sus éxitos. Según el sondeo Novus del 9 de septiembre, la coalición de izquierda suma el 50,7% frente al 48,1% del bloque conservador, una ventaja estrecha pero significativa.

Ulf Kristersson, primer ministro conservador, busca un segundo mandato de cuatro años al frente del país, que es el miembro más reciente de la OTAN. Su coalición (Moderados, democristianos y liberales) ha mejorado la economía —con previsión de crecimiento del 2,5% para 2026— y reducido los tiroteos de bandas. Sin embargo, la recuperación económica no ha despegado en las urnas: el encarecimiento de la vida pesa en los hogares.

Magdalena Andersson, candidata socialdemócrata, capitaliza el cambio de prioridades electorales. Si en 2014 la inmigración fue decisiva, ahora la sanidad encabeza las preocupaciones (64% de los electores), seguida de educación y bienestar. Andersson promete reforzar el bienestar manteniendo el giro migratorio.

Cuando la extrema derecha gana aunque pierda

Los Demócratas de Suecia, partido de extrema derecha con ~20% de apoyo, sostienen al Gobierno desde el Parlamento sin ocupar ministerios. Han logrado trasladar sus políticas al centro del debate político: hace una década eran “anatema”, pero ahora “la corriente política principal ha adoptado un trozo de su programa sobre inmigración”.

Ambas coaliciones han adoptado posturas restrictivas. El Gobierno ofrece hasta 350.000 coronas (31.000 euros) a residentes extranjeros que regresen voluntariamente, medida controvertida porque el sistema de bienestar depende de trabajadores inmigrantes: el 22% de empleados municipales y 16% de empleados regionales son nacidos en el extranjero, muchos médicos y enfermeros.

La población de Suecia ha crecido de 8,9 millones (2000) a 10,6 millones (2025), con extranjeros pasando de 11,3% a 20,8%. Casi dos tercios tienen ciudadanía sueca. Ann-Cathrine Jungar, profesora de Ciencia Política, explica que tanto conservadores como socialdemócratas han “ajustado sus posiciones para intentar recuperar votos” en favor de los radicales, y que “cada vez que un partido de derecha radical populista apoyaba un Gobierno en Suecia, Finlandia, Noruega o Dinamarca, se producía un giro hacia políticas más restrictivas en asilo, reagrupación familiar e inmigración laboral. Pero cuando cambiaba el Gobierno, no había vuelta atrás: esas políticas se mantenían”.

Crisis del bienestar

Suecia ha experimentado décadas de transformación hacia un capitalismo más pronunciado. Desde los noventa, privatizaciones y gestión orientada al mercado erosionaron el igualitarismo. La abolición del impuesto de sucesiones (2004) y la desaparición del impuesto sobre el patrimonio (2007) facilitaron la acumulación de riqueza privada. Hoy el país tiene 51 fortunas superiores a 1.000 millones de dólares, frente a 53 en Francia.

La reforma educativa de 1992 abrió la financiación pública a centros privados. La OCDE documentó después “creciente segregación escolar”. La historiadora Jenny Andersson vincula el deterioro social con aquellas reformas y con el impacto de la pandemia e inflación. Hoy el sistema sanitario es la principal preocupación electoral.

Selma Ibrahim, presidenta de la Asociación de Médicos Suecos Somalíes, recuerda: “Nuestro sistema de bienestar y nuestra sanidad dependen en gran medida de médicos y enfermeros inmigrantes. Suecia no podría desenvolverse sin los trabajadores sanitarios inmigrantes y, aun así, se habla de los inmigrantes como si no pertenecieran a este país”.

Coalición de izquierda fragmentada

Andersson enfrenta otro reto: convertir cuatro partidos en una mayoría operativa. A los socialdemócratas se sumarían Verdes, Centro liberal y Partido de la Izquierda (de raíces comunistas), pero hay divergencias sobre impuestos, energía, OTAN y soberanía militar. La Izquierda exige ministerios y su encaje con los más centristas queda pendiente.

Andersson impulsó la adhesión a la OTAN tras la invasión de Ucrania, pero parte de la Izquierda combatió esa decisión y centra sus exigencias en prohibir armas nucleares y bases extranjeras permanentes.