Estados Unidos impone sanciones a la Corte Penal Internacional horas después de que una exjueza del tribunal recibiera el Nobel de la Paz

El Gobierno de Donald Trump anunció fuertes sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), en una importante escalada de su intento por “desmantelar” una institución que considera “rebelde”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que las medidas, que incluyen la prohibición de que entidades estadounidenses hagan transacciones con la CPI, tienen como objetivo “defender la soberanía de Estados Unidos” y acusó al tribunal de intentar enjuiciar a ciudadanos estadounidenses.

El anuncio se produjo horas después de que la exjueza de la CPI Navi Pillay recibiera el Premio Nobel de la Paz 2026 por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional.

Estados Unidos ya ha penalizado a 17 jueces y funcionarios de la CPI, pero esta medida sanciona a la propia institución y pretende colapsar su capacidad para operar financieramente. Washington concedió un periodo de gracia de seis meses antes de que entren en vigor algunas de las sanciones, para que los Estados miembros puedan seguir pagando por sus operaciones y se negocie una “solución que aborde” las preocupaciones estadounidenses.

Rubio afirmó que las sanciones impedirán que empresas estadounidenses proporcionen bienes o servicios a la CPI, por ejemplo bancarios o tecnológicos, y que Trump no permitirá que el tribunal procese a ciudadanos estadounidenses. “O la CPI cesa sus amenazas, o acabaremos nosotros con la CPI”, añadió. También pidió a los aliados signatarios que “frenen” a la institución.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó la decisión como “un duro golpe para nuestra búsqueda colectiva de la justicia penal internacional, de la cual la CPI es un pilar fundamental”. Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Japón y Países Bajos reafirmaron su “apoyo continuo e inquebrantable” a la CPI y dijeron que “lamentan y discrepan profundamente” de las sanciones.

La CPI, fundada en 2002 para juzgar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, cuenta con 125 países miembros. Entre los que están fuera figuran Estados Unidos, Rusia, China, India e Israel. El Gobierno de Trump sostiene que la CPI está dirigida por “globalistas” que amenazan la soberanía estadounidense, y está molesto por una investigación sobre las acciones de soldados estadounidenses en Afganistán, que el tribunal ya cerró, y por las órdenes de arresto contra funcionarios israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu. Las nuevas sanciones no exigen que esas órdenes se retiren para levantarse.

Netanyahu celebró las sanciones y señaló que la CPI “no era un tribunal”, sino un organismo político que amenazaba a las democracias y “la idea misma de soberanía nacional”.

La CPI respondió que las sanciones buscan perturbar su trabajo e intimidar a quienes cooperan con ella, pero que “no se dejará amedrentar”. Las calificó de “un ataque al estado de derecho” y afirmó que “la historia juzgará este momento”.

El ministro de Asuntos Exteriores neerlandés, Tom Berendsen, afirmó que las sanciones afectarían gravemente la capacidad de funcionamiento del tribunal, que tiene sede en La Haya.

Según el profesor Ryan Goodman, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, las sanciones podrían acabar impidiendo que la CPI lleve casos a juicio, lo que obligaría a liberar a los detenidos que esperan juicio o sentencia. Entre ellos está el expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte, acusado de la ejecución extrajudicial de miles de personas durante su “guerra contra las drogas” entre 2011 y 2019. Entre las excepciones figuran licencias que permiten a la CPI seguir prestando servicios para el funcionamiento de las instalaciones de detención.