Junta Electoral acata orden del Supremo y revisará requisitos de exilio de nacionalizados

La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado este lunes asumir la orden del Tribunal Supremo que suspendió cautelarmente el voto de personas recientemente nacionalizadas por la Ley de Nietos.

La orden judicial: La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo decidió atender las peticiones de Vox e Iustitia Europa y ordenó suspender —hasta que dicte sentencia— el voto de quienes ya estaban inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) tras obtener la nacionalidad española a través de la Ley de Nietos. La única excepción es quien acredite descender de exiliados españoles por motivos políticos, ideológicos, de creencia u orientación de identidad sexual.

Medidas de verificación: La JEC ha encargado informes a la Oficina del Censo Electoral y a los registros consulares para verificar la vinculación con el exilio de los nacionalizados. Los registros consulares de la Dirección General de Españoles en el Exterior deberán expedir “certificación acreditativa” de que los beneficiarios nacieron fuera de España de progenitores o abuelos originariamente españoles que sufrieron exilio y perdieron o renunciaron a la nacionalidad. La Oficina del Censo Electoral realizará un “desglose” de estas personas, y una vez reciba el informe complementario, procederá a su examen inmediato para adoptar el acuerdo correspondiente.

Cifras de aplicación: La Ley de Nietos ha generado 2,5 millones de solicitudes de nacionalidad. De estos, 544.722 ya han obtenido la nacionalidad española y aproximadamente 330.000 están inscritos en el CERA. La instrucción inicial, aprobada por la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública Sofía Puente, establecía que se presumiría la condición de exiliado a todos quienes salieron de España entre 1936 y 1955.

Críticas políticas: Tanto el PP como Vox han sido muy críticos con la norma y su aplicación, considerando que el Ejecutivo pretende una operación de “ingeniería electoral” para “perpetuarse en el poder”.

Antecedentes judiciales: En julio, la JEC ya se pronunció sobre la legalidad de la instrucción dictada en 2022. El organismo acordó solicitar a la Oficina del Censo Electoral una instrucción concreta y advirtió que la determinación del municipio electoral en el que se inscriba cada beneficiario debe estar “suficientemente motivada” si no se corresponde con su último domicilio en España. En ese momento, la JEC rechazó la suspensión cautelar del procedimiento de elaboración del CERA solicitada por Vox, al no considerarse competente para pronunciarse sobre leyes y disposiciones reglamentarias.