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Saturday 26 September 2026

Junts condiciona su apoyo a medidas antidesahucios a rebajas fiscales en alquiler e hipotecas

3 minutos de noticias · Economía

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El Gobierno negocia con urgencia medidas antidesahucios con Junts, cuyo voto es imprescindible en el Congreso. El partido independentista condiciona su apoyo a desgravaciones fiscales del 15% en alquileres e hipotecas, mientras activistas y sindicatos presionan desde las calles por medidas estructurales más amplias tras el desahucio mediático de una anciana de 87 años en Madrid.

El Gobierno de Pedro Sánchez analiza con urgencia el paquete de medidas antidesahucios propuesto por Junts, cuyo voto es crucial para que un nuevo decreto avance en el Congreso. La Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) advirtió que “el decreto Maricarmen tiene que aprobarse este mismo martes”, tras las protestas que se extendieron a 40 ciudades tras el desahucio de una anciana de 87 años en Madrid.

Las propuestas de Junts

La formación independentista, a través de su portavoz Míriam Nogueras, ha fijado líneas rojas fiscales tras entregarle a Sánchez hace tres semanas un paquete actualizado de medidas. El PSOE “ve con buenos ojos” las suspensiones de desalojos de pisos propiedad de fondos buitre y la prohibición de que estas entidades adquieran nuevas viviendas. Pero Junts exige:

  • Desgravación del IRPF en alquileres: 15% para vivienda habitual hasta 11.630 euros anuales
  • Desgravación en hipotecas
  • Desgravación de cuentas de ahorro para jóvenes
  • Venta sin impuestos de vivienda habitual para mayores de 65 años que se muden a residencia
  • Cancelación de hipoteca si el banco vende la deuda a otro por importe inferior al pendiente

La presión política

Estos requisitos fiscales habrían sido rechazados “de plano” por el Gobierno meses atrás, especialmente por Sumar, pero la urgencia es ahora decisiva. Ernest Urtasun, ministro de Cultura de Sumar, se mostró favorable a debatirlas argumentando que “la gente quiere soluciones ante la sangría social que está produciendo la crisis habitacional”. La presión sobre el Ejecutivo procede de sus propios afines, lo que la hace especialmente peligrosa para los intereses electorales del PSOE y Sumar.

Demandas de activistas y sindicatos

La CSI exige que el decreto incluya:

  • Medidas estructurales contra desahucios
  • Congelación de precios actuales de alquiler
  • Prórrogas efectivas para arrendatarios
  • Regulación de alquileres de temporada y por habitaciones
  • Renovación automática de contratos hacia indefinidos

Los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT fueron urgidos a convocar “una huelga general por la vivienda y el coste de la vida” si el decreto no sale adelante inmediatamente.