La Audiencia Nacional paraliza el operativo del Gobierno para trasladar migrantes al Puerto de Ceuta

La Audiencia Nacional ha ordenado paralizar cautelarmente el operativo del Gobierno para trasladar a más de mil migrantes desde la playa del Trampolín a nuevas plazas de acogida temporal en el Puerto de Ceuta. La decisión llega casi a la misma hora en que el Ejecutivo estaba volcado en la ejecución inmediata del plan, tras haber completado los trabajos de acondicionamiento de las carpas con la instalación de una bomba de agua a última hora de la tarde.

El golpe judicial cayó como una bomba en el seno del Gobierno y sorprendió a todos los equipos ministeriales implicados en el operativo y a la propia Moncloa. El tribunal atendió un recurso contencioso presentado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que solicitaba la medida cautelarísima sin escuchar previamente al Ejecutivo y pidió dejar en suspenso la habilitación del espacio. Los magistrados de la Sección 8 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo dieron plazo al Ministerio de Transportes “hasta las 12 del día” para entregarle el expediente sobre la creación del asentamiento.

El Gobierno reaccionó expresando su perplejidad: “La medida paraliza un operativo logístico que estaba listo para ejecutarse de forma inminente, que iba a permitir alojar en total a 1.700 personas, diseñado con criterios estrictamente humanitarios y de orden público”. Los equipos ministeriales subrayaron que “la complejidad no puede traducirse en inacción o parálisis institucional” y que sacar a los migrantes de las calles es “la principal demanda de los ceutíes y del Gobierno de Ceuta”.

Conflicto entre gobiernos

El plan era que los primeros migrantes procedentes de El Trampolín fuesen acogidos en las carpas del Puerto de manera inminente, presumiblemente el mismo jueves tras finalizar los últimos trabajos de preparación. Pero la decisión judicial desbarató todos esos planes.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, liderado por Óscar Puente, decidió el 5 de septiembre tomar el control de la Autoridad Portuaria para sortear los impedimentos del Gobierno del PP de Ceuta, encabezado por Juan Jesús Vivas. Utilizó el artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado para autorizar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a instalar carpas para acoger a más de mil personas migrantes a pesar de la oposición de la Autoridad Portuaria. La autorización permitía la utilización temporal de una superficie de 16.000 metros cuadrados.

Esta decisión unilateral llegó pocas horas después de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta votase en contra de ceder unos terrenos que habían sido pactados previamente entre el Gobierno central de Pedro Sánchez y el de Juan Jesús Vivas.

Tras la paralización cautelar, el Gobierno insiste en que los terrenos del Puerto son “los más idóneos y cuentan con todas las garantías de seguridad para llevar a cabo el operativo”. Advierte que “Ceuta no puede esperar” y “la complejidad no puede traducirse en inacción o parálisis institucional”.

En un sector del Gobierno, la decisión judicial es recibida como “un ataque más” de la judicatura a la acción política del Ejecutivo, sumándose a otros enfrentamientos recientes como el bloqueo de la ley de nietos.

A medianoche del miércoles, todos los equipos ministeriales implicados continuaban a la espera de novedades desde la Audiencia Nacional para reactivar “de manera inmediata” un operativo por ahora completamente frustrado.