La Fiscalía pide al Supremo levantar la suspensión del voto de los nacionalizados por la ley de nietos

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que levante la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la instrucción gubernamental de la llamada ley de nietos, y que permita personarse a los afectados para que puedan defender sus intereses, según han informado fuentes fiscales.

La suspensión afecta a todos los nacionalizados que accedieron a la nacionalidad a través de esa instrucción. Antes de decidir si la mantiene o la levanta, el Supremo dio 48 horas a las partes para presentar alegaciones, plazo que terminó este jueves. El tribunal prevé resolver este mismo fin de semana, porque el censo electoral se cierra el lunes 12, según fuentes jurídicas citadas por EFE.

En su escrito, el Ministerio Público pide a la Sala de lo Contencioso-Administrativo que renuncie, al menos durante este proceso electoral, a revisar los 170.000 expedientes en cuestión por la ley de nietos. Según las fuentes, la Fiscalía traslada que el adelanto electoral puede haber cambiado la ponderación de intereses que debe valorarse para adoptar medidas cautelares. Solicita además que se dé oportunidad de personarse a las personas afectadas.

El escrito pone de manifiesto las serias dificultades y posibles incompatibilidades entre el adelanto electoral y lo acordado en el auto de medidas cautelares. Por un lado, por razones de seguridad jurídica y legalidad, ya que el censo utilizado para estos comicios está cerrado desde el 1 de agosto, con mínimas posibilidades de modificación. Por otro, porque ejecutar el auto puede generar una suspensión continua y progresiva de altas en el censo desde ahora hasta las elecciones y con posterioridad.

Su postura se suma a la de la Abogacía del Estado, que advierte de que el adelanto electoral ha acrecentado la «imposibilidad material» de revisar los casi 170.000 expedientes, y ha pedido al Alto Tribunal que revoque las cautelares. Los servicios jurídicos del Estado recuerdan que ya se advirtió de esa imposibilidad cuando se fijaba el 1 de enero de 2027 como plazo para certificarlos, y que ahora el margen se acorta hasta el próximo lunes, por exigirlo la Loreg.

A todo ello se suma que este viernes uno de los demandantes, Iustitia Europa, ha pedido al Supremo que suspenda las elecciones generales «durante el periodo constitucionalmente disponible y estrictamente indispensable» para ejecutar la medida cautelar impuesta por la Sala, tras el escrito de la Abogacía, que ve imposible ejecutar esa revisión a tiempo.