Las patronales CEOE y Cepyme rechazan la subida del SMI del 5,3% que plantea Yolanda Díaz y piden negociarla con el próximo Gobierno

Los empresarios denuncian que conocieron por la prensa la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que quiere aprobar Yolanda Díaz, y reclaman diálogo social. CEOE y Cepyme consideran que el incremento planteado por el Ministerio de Trabajo, sometido a audiencia pública sin diálogo social y saltándose la recomendación de su comité de expertos, “supone una utilización política de su capacidad legislativa en vísperas de las elecciones generales”. Las patronales piden negociar con el Gobierno que salga de las urnas el 29 de noviembre “a partir del mes de diciembre”.

Según el comunicado, el Ministerio convocó el miércoles a los interlocutores sociales para presentar el informe de los expertos sobre el SMI, que previamente había sido filtrado a los medios, y llevar a cabo un supuesto proceso de diálogo. Sin articular ninguna propuesta en esa reunión, el Ministerio fijó esa misma noche una subida del 5,3%, “que también hemos conocido por la prensa”.

CEOE y Cepyme consideran que, “a pocos días del inicio de la campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre”, lo adecuado sería reservar la decisión para el Ejecutivo que resulte elegido y adoptarla antes de que acabe 2026, respetando los plazos legales. Así se contaría con indicadores económicos más precisos “en un contexto de incertidumbre”. Frente a lo que defiende el Ministerio en la memoria económica del real decreto, para los empresarios sí existe alternativa: “actuar con lealtad institucional, esperar al resultado electoral y adoptar la decisión con mayor información técnica”.

Las patronales, que lideran Antonio Garamendi y Ángela de Miguel, sostienen que la mejora de las rentas más bajas debe ser compatible con el empleo, la competitividad y el funcionamiento de la negociación colectiva. Advierten de que estas decisiones afectan especialmente a las pequeñas empresas, a los sectores intensivos en mano de obra y a las familias que contratan servicios de cuidados, cuyos costes crecerán “por encima del IPC”. Consideran “especialmente sorprendente” que el Gobierno impulse subidas salariales mientras mantiene sin resolver desde hace casi una década la actualización de los contratos públicos, para que las empresas adjudicatarias puedan repercutir esos mayores costes laborales.

“Reiteramos nuestro compromiso con la mejora de los salarios, pero rechazamos su utilización política y reclamamos que cualquier decisión se adopte mediante un diálogo social leal, con criterios económicos objetivos”, concluye el comunicado, que emplaza al Gobierno que salga de las elecciones a negociar la actualización del SMI a partir de diciembre.