Los sindicatos estudian una huelga general sobre vivienda pese a restricciones legales

CCOO y UGT debaten convocar una huelga general sobre vivienda tras tumbar el Congreso los decretos Maricarmen. Los sindicatos están evaluando todas las opciones de movilización con precisión jurídica porque las huelgas están estrictamente reguladas por la ley y cualquier convocatoria que no se ajuste a los requisitos tasados será considerada ilegal.

El Sindicato de Inquilinas, que ha conseguido movilizar a políticos en ocho días más que en ocho años de Gobierno de Sánchez, está presionando fuertemente a CCOO y UGT para convocar una huelga general nacional. La presión arrancó a mediados de semana y se intensificó el viernes tras decaer los decretos. Los líderes sindicales Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT) recogieron el guante pero con reservas. Se comprometieron a mantener la “lucha” y “movilización” por la vivienda, considerando la “respuesta en la calle” que se palpará en las protestas convocadas por toda España este fin de semana. Dijeron que ambos sindicatos valorarían sus opciones de manera conjunta con otras organizaciones sindicales y movimientos ciudadanos, concretando acciones ante la opinión pública tras consultar a sus órganos de dirección.

Preguntados directamente sobre una huelga general, diluyeron esa vía: “Las huelgas es fácil anunciarlas y registrarlas, pero es un poco más complejo hacerlas”, dijo Álvarez. Sin embargo, no cerró del todo la puerta, como tampoco lo hizo Sordo. Ambos son conscientes de la relevancia política de una convocatoria de estas características.

El principal obstáculo es la legalidad: el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo establece que una huelga es ilegal “cuando se inicie o se sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados”. Esto es lo que está generando dudas dentro de los sindicatos. Un dirigente sindical explicó que “se están valorando todo tipo de medidas, entre ellas una huelga general de 24 horas por la vivienda”. Otro sindicalista añadió: “Hay que buscar el encaje laboral para evitar que sea ilegal”.

Sordo habló de “promover jornadas de movilización y de lucha que tienen que tener una dimensión laboral”. ¿Y esto cómo se articula? Fuentes sindicales sugieren “vinculando las protestas a los salarios, al hecho de que los sueldos no dan para costear la vivienda”. Otra posibilidad es relacionarlo con el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que mantiene bloqueado la patronal.

Desde la CEOE, el recién reelegido presidente Antonio Garamendi advirtió: “Las huelgas se hacen como consecuencia de un conflicto laboral y esto no lo es”. “Tendremos que ver si realmente encaja con la legalidad o no”, dijo a los sindicatos, alertando de que estarán vigilantes sobre cualquier convocatoria.

La última huelga general en España fue convocada por los sindicatos mayoritarios en 2012 contra el Gobierno de Mariano Rajoy, sus políticas de austeridad y su reforma laboral. Ahora, 14 años después, el fantasma de la huelga vuelve a sobrevolar el horizonte. La situación económica es sensiblemente mejor que la de entonces, pero el escenario político es mucho más complejo. En los sindicatos dudan incluso de aspectos básicos: “¿Va a seguir este Gobierno?”; “¿A quién le convocamos la huelga si hay elecciones?”; “¿Y si gobierna el PP, no le damos 100 días de gracia?”.