Óscar Puente dimite como ministro de Transportes tras el accidente de Urda y Carlos Cuerpo asume la cartera

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dejado el Gobierno después del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha causado 69 muertos. El BOE ha publicado este miércoles el real decreto de su cese y un segundo real decreto por el que el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, asume el despacho ordinario de los asuntos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Ambas normas están fechadas el 4 de noviembre.

Puente anunció su dimisión el martes en la Diputación Permanente del Congreso, donde había dado explicaciones sobre el accidente, y también renuncia a figurar en las listas del PSOE para las elecciones generales del 29N. En el Gobierno y en el PSOE se interpreta de forma mayoritaria que la decisión busca salvar la campaña socialista, muy tocada tras el segundo accidente mortal de la alta velocidad en nueve meses. Puente lo explicó así: “Nadie es más grande que su organización. Mi ego nunca ha sido mayor que mi partido”.

En declaración institucional en Moncloa, Pedro Sánchez ha cedido las competencias de Transportes al vicepresidente Cuerpo, al que ha valorado por “una enorme capacidad de gestión” durante la legislatura. Sobre Puente, ha dicho que “ha trabajado sin descanso” y que, con su renuncia, “ayuda a que España recupere la confianza no solo en nuestro sistema ferroviario, sino también en la dignidad política”.

Horas después, Luis Pedro Marco de la Peña, presidente de Adif, ha dimitido tras reunirse con Cuerpo, que lo había llamado para trasladarle toda la información que tuviera sobre el accidente. Ingeniero de Caminos, natural de Santander y de 57 años, Marco de la Peña presidía Adif desde el 17 de septiembre de 2024, tras dejar la viceconsejería de infraestructuras del Gobierno vasco. La misma mañana, el consejo de administración de Adif había aprobado el acuerdo marco de financiación con la Administración General del Estado para 2026-2030, que recoge cerca de 20.000 millones de euros entre inversión en infraestructura y gasto en mantenimiento. Su salida es la del responsable técnico de la red de alta velocidad, según el análisis publicado.

El accidente de Urda se suma al de Adamuz (Córdoba), con 46 muertos, en el que colisionaron un Alvia y un Iryo en enero. En lo que va de año, suman 115 víctimas mortales en los accidentes ferroviarios de Adamuz, Gelida (Barcelona) y Urda, según el PP.

Reacciones de los partidos

El PP ha restado valor a la dimisión de Puente, a la que atribuye “interés electoral”. En un comunicado ha dicho: “No ha dimitido él, le ha dimitido Tezanos. No se va por las víctimas ni por dignidad, sino por las encuestas”. Su dirección reclama ahora responsabilidades a Sánchez: “La responsabilidad no se delega y Pedro Sánchez no puede esconderse detrás de Óscar Puente”. Añade: “Le dimitiremos en las urnas. 116 fallecidos exigen verdad, explicaciones y responsabilidades al más alto nivel”.

Alberto Núñez Feijóo ha pedido a Sánchez que se aplique el criterio de dignidad que ha usado Puente. En X escribió “Aplícatelo”, y en Antena 3 dijo: “Por dignidad política, esta legislatura debería haber acabado hace tiempo. Dignidad política significa aprobar los presupuestos del Estado. Dignidad política significa responder ante los casos de corrupción”. En la misma entrevista ha considerado “razonable” reducir la frecuencia de trenes entre Madrid y Sevilla, medida que había propuesto Puente, y ha afirmado que los descarrilamientos han subido un 212% en España y que el país tiene el 70% de los muertos del mundo en alta velocidad.

El portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha dicho que la dimisión no puede servir de “cortafuegos” para “salvar” a Sánchez y que llega “115 vidas tarde”. “Las víctimas mortales (…) se merecen algo más que esta dimisión”, ha añadido, y ha reclamado una investigación.

Xavier García Albiol, candidato del PP al Congreso por Barcelona, ha acusado a Sánchez de ser “el gran culpable” del estado de las infraestructuras ferroviarias y ha recordado que el país no tiene presupuestos desde hace cuatro años. Sobre el ministerio, ha dicho que durante la última legislatura “ha sido la cueva de Alí Babá”, con el exministro José Luis Ábalos condenado a 24 años de cárcel por mordidas en contratos de mascarillas en la pandemia y su asesor Koldo García también en prisión.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido la gestión del PSOE en Transportes y la de Puente, pese a su dimisión: “No todos somos iguales”. Lo ha dicho en el control al Govern en el Parlament, a preguntas de Junts, y ha añadido que es amigo de Puente y que le gusta “que da siempre la cara”.

Santiago Abascal, de Vox, ha dicho en Ciudad Real que el relevo es “solo un cuerpo más que se interpone entre Pedro Sánchez y el banquillo” y “solo un fusible más”. “La traición de este Gobierno mata”, ha afirmado, entre aplausos de los asistentes, aunque un espectador lanzó varios huevos que cayeron sobre los periodistas. En una entrevista en Onda Cero ha llamado a Sánchez “el capo de la mafia que nos gobierna”, ha dicho que la dimisión es un “parapeto” y ha propuesto, como primera medida ferroviaria, “una auditoría completa” de la inversión de los últimos años, además de “eliminar a todos los políticos o personas no formadas en ámbitos técnicos”. Preguntado por el funeral de Estado, no ha confirmado si acudirá: “No sé dónde estaré el 12 de noviembre”. Esa noche se reunirá con el presidente argentino Javier Milei, y ha citado sus contactos con el presidente chileno José Antonio Kast y con el presidente colombiano.

Ione Belarra, de Podemos, ha pedido un cambio de modelo ferroviario: “El error humano ha sido la privatización, la liberalización, los trabajadores sometidos a jornadas extenuantes”. Su propuesta es “renacionalizar el ferrocarril”, y cita el caso del Reino Unido, donde tras 20 años de liberalización se ha recuperado el sector para lo público.

Ada Colau, candidata de Frente Amplio y exalcaldesa de Barcelona, ha calificado la dimisión de “gesto de dignidad que marca la diferencia contra la derecha y la ultraderecha”, porque Puente “no era culpable del accidente, pero sí tenía la responsabilidad política”. Ha pedido una gestión “técnica” de Transportes hasta el 29N y ha dicho que ahora toca “un pacto de país para recuperar la confianza en el tren”. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha visto “lógica” la decisión de dejar las competencias en manos de Cuerpo de forma transitoria.

El PSOE ha hablado de “lección de dignidad” y de que “no, no todos somos iguales”. José Manuel Albares, ministro de Exteriores, ha aplaudido “la decisión personal” de Puente, en contraste con lo que, a su juicio, hizo el PP en “situaciones similares”.

Desde CC OO, su secretario general Unai Sordo ha calificado de “miserable” que el PP pida desconvocar la huelga general del 11 de noviembre por las víctimas de Urda. Feijóo habla de “grave error después de 69 muertos”, y la candidata al Congreso Cayetana Álvarez de Toledo la considera “hiriente” para las víctimas. Sordo ha defendido que la huelga reclama mejoras para toda la población.

La FAES que preside José María Aznar ha publicado un editorial en el que sentencia que “Urda remata ocho años de destrozo político, institucional y moral en España”, y hace referencia a la amnistía, a “125 imputaciones” y a “una invasión consentida”. En el comunicado, sobre la respuesta de La Moncloa, dice que “exactamente nada” significan expresiones como “integridad territorial” o “accidente inasumible”. Reclama “concentrar el voto en torno al PP el 29-N”.

Por Compromís, Àgueda Micó, cabeza de lista por Valencia, ha cargado contra Feijóo por “permitir” que el expresidente Carlos Mazón siga de diputado. Ha propuesto que la primera medida de la próxima legislatura sea reanudar la comisión de investigación sobre la dana. Podemos y Sumar, con María Teresa Pérez y Alberto Ibáñez, han coincidido en criticar el mantenimiento de Mazón en su escaño.

Víctimas, funeral e investigación

Los restos de 65 de las 69 personas fallecidas en Urda ya han sido entregados a sus familias, según el Centro Integrado de Datos (CID). Tras las labores de identificación en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real, se han identificado 69 personas: 54 de nacionalidad española y 15 extranjeras. Son 40 hombres y 29 mujeres, todos mayores de edad. Alrededor de una decena de heridos sigue hospitalizada, la mayoría en el Hospital Universitario de Toledo, al que los Reyes acudieron la semana pasada.

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha adelantado al martes 10 de noviembre, a las 19.00, el funeral por las víctimas en la catedral primada, que estaba previsto para el 12. Los Reyes, Felipe VI y Letizia Ortiz, acudirán, según fuentes de la Casa del Rey. El arzobispo ha dicho que la misa será un “funeral oficial” y que están “a la espera del Gobierno y de la Casa Real” para saber si se convierte en acto de Estado o “a nivel civil”. Feijóo asistirá, según su gabinete.

El comisario europeo de Transportes, Apóstolos Tzitzikostas, ha anunciado que la Agencia Europea de Ferrocarriles (ERA) prestará “toda la asistencia técnica necesaria”, aunque la investigación “permanece completamente bajo la autoridad y la dirección de los investigadores españoles”.

En Adamuz, la vía vuelve a presentar “al menos tres” deformaciones. Adif había pedido el 20 de octubre autorización judicial para acceder a la zona y hacer trabajos de mantenimiento. Los peritos del juzgado que investiga el accidente se extrañan, porque esa zona se reconstruyó tras la colisión de enero y la obra todavía está en garantía.

Ouigo ha ampliado la cancelación de sus trenes entre Madrid y Andalucía hasta, al menos, el domingo 15 de noviembre, mientras se espera el restablecimiento de la circulación en la línea. Los viajeros afectados tienen garantizado el reembolso íntegro de sus billetes.

En otro frente, el Tribunal Supremo ha archivado una querella de Vox y tres denuncias de Manos Limpias y de dos particulares contra Sánchez y el Consejo de Ministros por la gestión de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio. La Sala Penal considera que no hay “elementos suficientes” para abrir un procedimiento penal. La situación en Ceuta se investiga en la Audiencia Nacional, y será la jueza María Tardón quien decida si hay indicios contra algún aforado que justifiquen elevar el caso al Supremo.

Agenda política: vivienda, huelga y campaña

La Diputación Permanente del Congreso votará el 12 de noviembre los dos decretos de vivienda que el Gobierno aprobó el 6 de octubre tras el desahucio en Madrid de Maricarmen Abascal, de 87 años. El Ejecutivo cuenta con apoyos suficientes para sacar adelante el más amplio, pero por un solo voto: el bloque de PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos suma 35 votos, frente a los 34 de PP, Vox y Junts. Ese decreto incluye la protección antidesahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030, la prórroga de dos años de los contratos de alquiler que venzan antes de finales de 2028 y topes a la actualización anual de las rentas. El segundo decreto, que debía entrar en vigor el 15 de noviembre, sustituye la prórroga anual de los alquileres de vivienda habitual por prórrogas automáticas de cinco o siete años. En el orden del día estará, previsiblemente, el decreto de ayudas a las víctimas del accidente de Urda.

La votación será un día después de la huelga general y la víspera del inicio de la campaña electoral. La noche del 12 está prevista la pegada de carteles, que arranca a las 00.00, y la campaña comienza el día 13. El equipo de Feijóo ha dicho que “reconsiderará toda la agenda” de actos electorales por la coincidencia con el funeral.

En la Cumbre Iberoamericana de Madrid, el Rey y Sánchez han defendido el multilateralismo. Felipe VI ha deseado que la cumbre sea recordada “como un lugar de nuevas alianzas” y ha apelado a la colaboración público-privada. Sánchez ha insistido en la gobernanza de la inteligencia artificial y en la lucha contra el cambio climático: “Debemos seguir creyendo en el multilateralismo”. Ha reivindicado la política energética española y ha defendido que “solo un partenariado público-privado puede dar respuestas” a la emergencia climática y a la revolución tecnológica.

Ada Colau ha puesto como ejemplo, para la campaña, que “Venimos de Brasil, donde las encuestas daban por muerto a Lula; de Serbia, con una victoria liderada por los estudiantes; y hoy Trump ha sufrido una derrota mayor de la pronosticada”. Las encuestas dan a PP y Vox ventaja para llegar a la Moncloa.