Solo 901 de los 163.355 nacionalizados por la 'ley de nietos' acreditan el exilio exigido para votar el 29-N

Solo 901 de 163.355 personas nacionalizadas por la ‘ley de nietos’ han podido acreditar su condición de descendientes de exiliados en los términos exigidos por el Tribunal Supremo, según confirman fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores a 20minutos. Representan apenas el 0,55% de la lista que el Gobierno entregó este miércoles, día en que vencía el plazo fijado por el alto tribunal para identificar a los electores nacionalizados al amparo de esta medida.

La lista nominal también se ha enviado al Instituto Nacional de Estadística (INE) y a la Junta Electoral Central (JEC). Recoge a todas las personas afectadas por la suspensión del derecho al voto de los CERA (españoles residentes en el extranjero). El auto del Supremo del 8 de septiembre suspendió cautelarmente su inscripción en el Censo Electoral tras estimar parcialmente los recursos de Iustitia Europa y Vox.

En su fallo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo retiró a estas personas el derecho a votar en los próximos procesos electorales, al menos hasta resolver el fondo del asunto. La excepción era acreditar ser descendientes de españoles que tuvieron que exiliarse por la Guerra Civil y la dictadura franquista, con los requisitos fijados en los autos: haber nacido fuera de España, de padre o madre, abuelo o abuela originariamente españoles; haber sufrido exilio “por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación de identidad sexual”; y haber perdido o renunciado a la nacionalidad española.

Según Exteriores, solo 901 han acreditado ese exilio “certificada por los cónsules” y, en principio, podrán votar en las elecciones generales del 29 de noviembre.

El Gobierno sostiene que el impacto electoral es mínimo. Fuentes oficiales indican que más de 163.000 nombres obtuvieron la nacionalidad acogiéndose al procedimiento de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022 en el Congreso de los Diputados, y a la instrucción posterior que concretaba el reconocimiento de la presunción de exilio. “Se trata de requisitos y procedimientos idénticos a los establecidos tras la Ley de Memoria Histórica de 2007 que se aplicaron con plena normalidad y sin ser cuestionados”, insisten.

La norma fue recurrida por Iustitia Europa y Vox, que denunciaron un posible “fraude” electoral por la inscripción masiva de nuevos electores en el CERA sin la debida acreditación documental individualizada. La Abogacía General del Estado defendió que paralizar la ley vulneraría el derecho al sufragio de los afectados, y calificó el recurso de “prematuro” y basado en meras “sospechas”.

Según el Ejecutivo, “aplicando los niveles habituales de participación exterior, el impacto potencial de 163.355 personas, si todas estuviesen en el Censo de Españoles Residentes en el Exterior, sería de menos de 14.000 votos a repartir entre 52 circunscripciones”, es decir, menos del 0,06% de los votos emitidos en las generales de 2023. La incidencia podría ser incluso menor, porque el listado incluye a personas, como menores o fallecidos, que no están en el censo electoral de residentes ausentes.