Tribunal Constitucional anula la malversación del procés y ordena aplicar la amnistía

El Tribunal Constitucional ha decidido eliminar el delito de malversación a los líderes del procés independentista y ordenado al Tribunal Supremo que aplique la ley de Amnistía. La decisión, por siete votos a cinco, ha retirado la orden de detención contra Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat y líder de Junts.

Puigdemont, en el exilio en Bélgica desde hace casi nueve años, ha celebrado el fallo como «la derrota de los poderes públicos españoles» que han intentado bloquear políticamente la aplicación de la amnistía durante dos años y cuatro meses. «Se ha acabado el margen para manipular y retorcer la aplicación de una ley vigente», ha dicho en una comparecencia sin preguntas.

El líder de Junts ha cargado contra Pedro Sánchez, recordando que el presidente se comprometió públicamente a traerlo ante la Justicia española. Ha criticado también a Salvador Illa por sus propias consecuencias personales tras vivir en el exilio durante casi nueve años. Sin embargo, no ha precisado cuándo volverá a España tras la retirada de la orden de detención. Su abogado, Gonzalo Boye, ha adelantado que Puigdemont no regresará hasta que el Supremo le aplique la amnistía definitivamente.

Puigdemont ha contextualizado la amnistía como parte de la solución al conflicto histórico entre Cataluña y España, pero ha subrayado que «no es en sí misma su solución». Ha reiterado la vía unilateral como posible recurso para la independencia, reflejando la estrategia de 2017, aunque ha reconocido que el movimiento independentista «está desanimado y poco movilizado» electoralmente.

Ha defendido haber mantenido el exilio durante nueve años en tres principios: la defensa de las instituciones catalanas, la protección de derechos fundamentales con un marco jurídico más sólido que en 2017, y el carácter irrenunciable del derecho a la autodeterminación y las acciones unilaterales democráticas cuando se agoten vías negociadas.

Puigdemont es diputado en el Parlament. La decisión del Constitucional llega tras la convocatoria electoral del 29 de noviembre que Sánchez anunció ayer disolviendo las Cortes Generales.