Un atentado racista en Trappes deja un muerto y cinco heridos en vísperas de las protestas en Francia

Al polvorín social francés solo le faltaba una chispa racista. Esta saltó este viernes en forma de atentado de signo xenófobo, a un día de una nueva jornada de protesta, en un país donde el centro de las grandes ciudades se ha convertido en un búnker por el despliegue policial y el miedo de comerciantes atrincherados.

Una persona murió y otras cinco resultaron heridas, tres de ellas de gravedad, por los disparos de un individuo desde su vehículo en Trappes, a unos 30 kilómetros al oeste de París. El presunto agresor, Kevin T., vecino de la zona, de 39 años y con antecedentes por delitos comunes, fue detenido. Según la Fiscalía Antiterrorista, había preparado un dispositivo trampa en su domicilio, previsiblemente para que explotara cuando llegaran las fuerzas del orden.

Los indicios apuntan a un móvil racista. En un comunicado, la Fiscalía Antiterrorista informó de que investiga un asesinato vinculado al terrorismo por la sospecha de que el autor escogió a sus objetivos en virtud de «la pertenencia, verdadera o supuesta, a una pretendida raza, una etnia, una nación o una religión determinada». El Elíseo lo define como «atentado terrorista racista».

El suceso se produjo en un momento muy delicado, en vísperas de otra protesta sindical y de los chalecos amarillos, y con la policía en alerta para evitar que se repitan los graves disturbios del fin de semana anterior.

El fallecido es un hombre de 26 años. Uno de los heridos es una niña de 12 años que recibió 8 impactos de bala. Algunos testimonios indicaron que el agresor disparó ráfagas de una metralleta vetusta, de la época de la Segunda Guerra Mundial, contra personas de origen africano o magrebí en tres lugares: delante de una gasolinera, de un centro de salud y de un espacio de juego. Tres de los heridos son «de aspecto africano», según los investigadores. Cuando fue detenido, el presunto autor llevaba el arma semiautomática, granadas lacrimógenas y un polvo blanco, supuestamente cocaína. En el registro de su domicilio se hallaron tres bombonas de gas.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, reaccionó de inmediato con un tuit y prometió la movilización de todos los medios del Estado. Después fue el presidente de la República, Emmanuel Macron, quien expresó su «profunda emoción» y su solidaridad con las víctimas y sus familias. «Ante esta terrible prueba, la nación está a su lado», subrayó. Esa noche se desplazó a Trappes, visitó el Ayuntamiento y conversó con el fiscal de la República. Muy afectado, deploró que se haya atacado a personas en función del color de su piel: «Es un punto de inflexión. Esto no es Francia. La República no cederá». Lamentó además que en los últimos años «se haya instalado el discurso racista».

El alcalde de izquierdas de la ciudad, Ali Rabeh, de ascendencia marroquí, no se limitó a la condena. Indicó que el ataque pudo causar muchas más víctimas, incluida su propia familia, y lanzó un análisis severo: «los discursos que arman ideológicamente a aquellos capaces de pasar a la acción son criminales y hay que condenarlos como tales», sean hechos por líderes políticos, ministros o candidatos presidenciales que acusan a la comunidad árabe-musulmana de todos los males del país. A su juicio, estos discursos «provocan muertos». Hizo un llamamiento «a la responsabilidad colectiva», «a la desescalada» y «a la concordia republicana».

La candidata presidencial de extrema derecha, Marine Le Pen, calificó el ataque de «acto bárbaro», cuyas motivaciones «deben ser establecidas y los responsables severamente castigados». El coordinador nacional de La Francia Insumisa, Manuel Bompard, subrayó que el atacante disparó «en función del color de la piel». Los candidatos presidenciales de los ecologistas, Marine Tondelier, y del Partido Comunista, Fabien Roussel, señalaron a la extrema derecha por el clima que crea. Tondelier habló de «la liberación de la palabra racista más desacomplejada que nunca desde el 17 de octubre», el día de los disturbios, y de la designación de chivos expiatorios por parte de responsables de la derecha y la extrema derecha. Roussel arremetió contra «el odio que propaga la extrema derecha».

Trappes es una ciudad muy multiétnica de unos 35.000 habitantes, con fuerte tradición obrera, de izquierdas y alta densidad de inmigrantes, en fuerte contraste con la vecina Versalles, burguesa y de derechas. En los últimos años fue noticia como foco de islamismo y punto de partida de yihadistas que viajaron a Siria e Irak. En la primera vuelta de las últimas presidenciales, en 2022, Jean-Luc Mélenchon, de La Francia Insumisa, obtuvo el 60,6% de los votos.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, trató el atentado en una rueda de prensa convocada para anunciar el despliegue ante la protesta del sábado, y luego se desplazó a Trappes. Cauto, repitió los argumentos de la fiscalía antiterrorista sin ir más allá. Anunció que serán movilizados 70.000 agentes en todo el territorio, con medios contundentes, como 15 camiones equipados con cañones de agua. Se han detectado en redes sociales llamamientos de la ultraizquierda y otros grupos marginales a atacar edificios públicos y cometer pillaje. Ante eso, Núñez insistió en que «seremos absolutamente inflexibles». La policía debe actuar «con mucha movilidad, reactividad y firmeza». «No habrá ninguna tolerancia», recalcó.

Habrá una vigilancia especial en Orléans, sede de un congreso del Reagrupamiento Nacional, donde la prefectura ha prohibido la manifestación de protesta contra la extrema derecha, convocada antes del atentado de Trappes, pero no otra de los sindicatos en el marco de la movilización social nacional.

Los comerciantes de las grandes ciudades situados en zonas expuestas no se fían del despliegue policial y han preferido convertir sus negocios en búnkers, protegidos con planchas de madera. Algunos han retirado los productos a los sótanos y simulan que el local está en obras. Es una consecuencia de los últimos disturbios: la pérdida de confianza en el Estado como protector. En ciudades como París se han retirado en lo posible contenedores y bicicletas de alquiler, para evitar que se usen como barricadas y se les prenda fuego, con el riesgo de explosión de las baterías. No es posible reducir el riesgo a cero, porque los alborotadores siempre encuentran la manera de armarse con material extraído de solares en obras.

La prohibición de manifestarse sigue vigente en muchas ciudades, entre ellas Lyon, Marsella, Montpellier, Rouen o Grenoble, pese a las protestas de los sindicatos y de algunas organizaciones de magistrados, que la consideran una limitación excesiva de las libertades constitucionales. En Marsella, la prefectura dio marcha atrás sobre su decisión de suspender durante un día todo el servicio de transporte público, de cinco de la mañana del sábado a la misma hora del domingo. Varios partidos de fútbol y otras citas deportivas han sido suspendidos o retrasados.

En París permanecerán cerrados museos como el Louvre, el Orsay, la Orangerie y el Picasso. Tampoco abrirá sus puertas durante todo el fin de semana la feria Art Basel Paris, que se celebra en el Grand Palais, lo que supone acortar dos días el periodo de visita para el público general. En conjunto, la emergencia de orden público supone una publicidad muy negativa para París y para Francia. Se prefiere una seguridad aparatosa, pese a las molestias, a que se repitan las escenas dantescas de hordas de jóvenes sembrando el caos, más propias de países más pobres que de un miembro del G-7 y uno de los motores históricos de la construcción europea.