Urbagestión responde con un comunicado a las acusaciones tras el desahucio de Maricarmen

Urbagestión, propietaria de la vivienda de Maricarmen, ha emitido un comunicado de defensa un día después del desahucio de la anciana de 87 años en silla de ruedas. La empresa niega que sea un “fondo” de inversión, redefiniéndose como una “pequeña empresa” con una única propiedad, cuyos administradores son Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, vinculados a negocios variopintos del sector alimentario, inmobiliario y financiero.

El comunicado, firmado por la abogada Silvia Fernández, califica de “uso espurio y político del caso” lo ocurrido estos días. Urbagestión acusa al Sindicato de Inquilinas de “presiones, descalificaciones intencionadas y coacciones desproporcionadas e injustificadas” que impidieron un entendimiento entre las partes. La empresa subraya que intentó actuar con “ánimo pacificador” tolerando la permanencia de Maricarmen en la vivienda tras la extinción legal del contrato, asumiendo los gastos del inmueble e hipoteca.

Sobre los precios del alquiler

Según Urbagestión, cuando el contrato era válido, Maricarmen pagaba 200 euros mensuales más 220 o 250 euros de gastos de comunidad —incluyendo agua y calefacción—, “sin actualizaciones en los últimos ocho años”. Niega haber exigido un alquiler superior.

La empresa relata que hace tres años, respondiendo a un requerimiento escrito de la abogada de Maricarmen, indicó que un nuevo arrendamiento podría ser una renta “bonificada entre un 40% y un 50% sobre el precio de mercado”. Acusa al Sindicato de haber utilizado intencionadamente esa cifra como si fuera una demanda de pago, enconando así la desconfianza con la representación legal de la inquilina.

Negación de intervención del Ministerio

Urbagestión rechaza que el Ministerio de Vivienda o Casa 47 formularan una oferta formal de compra. “Ni el Ministerio ni Casa 47 han formulado oferta de compra”, asegura. Sostiene que la única propuesta procedió de la abogada del Sindicato, que instó a vender a una cooperativa vinculada a la organización, circunstancia que comunicó al juzgado como un “anómalo proceder”.

Sin embargo, el Ministerio de Vivienda ha negado que Urbagestión rechazara la mediación, afirmando que la empresa se negó incluso a recibir ofertas formales de compra y alquiler como la de la escritora anónima que se ofreció a costear la diferencia de precio de por vida, o la del músico James Rhodes.

Defensa de la legalidad

La empresa reitera que el contrato de Maricarmen era ilegal, con su extinción confirmada por los tribunales. Tras la muerte de la madre de la inquilina —heredera del contrato del marido—, la subrogación perdió validez porque las segundas subrogaciones duran solo dos años y solo se pueden alargar si el inquilino tiene minusvalía superior al 65%. Maricarmen tenía un 50%.

“La empresa lamenta la situación personal de la inquilina, el uso espurio y político del caso, y reitera su respeto a las resoluciones judiciales”, concluye el comunicado.