Chequia, Austria y Dinamarca critican en Bruselas la regularización de migrantes de España

Los primeros ministros de República Checa, Austria y Dinamarca han criticado este viernes la política migratoria de España y las decisiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Advierten de sus consecuencias para el conjunto de la Unión Europea y reclaman nuevas medidas para frenar las entradas irregulares y una estrategia común más restrictiva.

República Checa

El primer ministro checo, Andrej Babis, ha sido uno de los más contundentes. Acusa a algunos dirigentes de estar dispuestos a «sustituir a la población» para «mantenerse en el Gobierno» y dice: «Vemos lo que está ocurriendo en España. Algunos políticos son capaces de sustituir a la población simplemente para mantenerse en sus cargos y seguir en el Gobierno. Eso no tiene nada que ver con nosotros». Según él, su Ejecutivo prepara nuevas medidas para decidir quién puede residir y trabajar en el país.

Babis extiende sus críticas a los Países Bajos, donde dice que los migrantes tienen «más prioridad» que los ciudadanos neerlandeses para acceder a una vivienda; a Suecia, por la presencia de parlamentarios de origen somalí, y a Berlín, cuya alcaldesa ha acusado de mantener contactos con Hamás. Son, según él, «el camino al infierno».

«Estoy convencido de que para algunos de esos países ya es demasiado tarde y quizás algún día tengamos que defender nuestras fronteras para impedir que lleguen a nuestro país migrantes procedentes de los países occidentales. Y, naturalmente, nos estamos preparando para ello», ha advertido.

Preguntado por los centros de retorno de migrantes fuera de la UE que impulsan varios Estados miembros, evita concretar si su Gobierno se sumará. Defiende luchar contra las redes de tráfico de personas: «Hay que luchar contra los traficantes de personas, encerrarlos, quitarles el dinero, hundir las embarcaciones vacías y enviar una señal clara de que ya no aceptamos esto». Reconoce que las llegadas irregulares a Europa han disminuido en los últimos meses, pero sostiene, con sus cifras, que el número de migrantes sigue siendo de 800.000.

Austria

El canciller austríaco, Christian Stocker, también señala a España y critica la regularización de migrantes por enviar una «mala señal» en un momento en que la UE trata de frenar la inmigración irregular. Advierte de que estas decisiones tienen «consecuencias»: «Independientemente de que exista o no una relación directa, no sé si lo ocurrido en Ceuta habría sucedido sin esa señal».

Defiende los esfuerzos europeos para reforzar las fronteras y crear centros de retorno en terceros países. Celebra que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prepare una propuesta para que los Estados miembros puedan dejar de admitir a trámite solicitudes de asilo en situaciones excepcionales como la vivida en el enclave español, a la que califica de «gran avance». Según Stocker, «los acontecimientos de Ceuta nos han demostrado que necesitamos nuevas posibilidades para reaccionar adecuadamente en determinadas situaciones excepcionales». Añade que el grupo de países que defiende esta línea, inicialmente minoritario, ya reúne a «la mayoría» de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

Dinamarca

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, socialdemócrata, apunta de forma velada al Gobierno de Sánchez sin nombrarlo y cuestiona la política de regularización extraordinaria de migrantes, que pide que Bruselas examine en detalle. Pide a la Comisión que investigue las consecuencias de que un país «actúe prácticamente en contra de lo que hacemos los demás». También pregunta si choca con la política europea que quien entra ilegalmente en un país pueda obtener de repente un permiso para permanecer allí.

Países Bajos

El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, reclama a la Comisión que haga cumplir las normas de Dublín, que determinan qué país debe tramitar las solicitudes de asilo. Señala a Italia por sus obligaciones en este ámbito, y denuncia que algunos Estados miembros llevan «años» sin aplicar unas disposiciones que considera «cruciales» para reducir la presión sobre los sistemas de acogida. Celebra que von der Leyen haya dejado claro que una buena aplicación del Pacto Migratorio implica cumplir todos los elementos de los acuerdos europeos, incluido Dublín.

Los Países Bajos trabajan con otros cuatro Estados europeos para poner en marcha centros de retorno de migrantes «a corto plazo», una iniciativa sobre la que espera avances en noviembre, en la próxima reunión de los ministros de Asilo y Migración de la UE.

Contexto de la cumbre

Las declaraciones preceden un debate a Veintisiete en el que los jefes de Estado y de Gobierno harán balance de la situación migratoria en la Unión. Esa situación registra una caída significativa de las entradas irregulares y de las demandas de asilo, así como un aumento de las expulsiones, pero ha quedado marcada por la crisis en Ceuta y las críticas de varios socios contra España. Entre el 30 y el 31 de julio entraron en la ciudad autónoma cerca de 80.000 personas procedentes de Marruecos.

Antes del arranque formal del Consejo Europeo, cerca de una veintena de mandatarios se reunieron en un desayuno sobre migración, con las primeras ministras de Italia y Dinamarca, Giorgia Meloni y Mette Frederiksen. Ambas promovieron, tras la entrada masiva en Ceuta, una carta firmada por 22 socios críticos con las políticas migratorias del Gobierno, en especial con la regularización extraordinaria.