El desahucio de Maricarmen abre una crisis política en la coalición de Gobierno

El desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años desalojada en camilla de su casa tras vivir 70 años en ella, ha desencadenado una crisis política en el Gobierno español. El caso ha servido como catalizador para poner sobre la mesa un problema que lleva años siendo una de las principales preocupaciones de los españoles: la crisis de la vivienda.

La imagen del desahucio ha colmado la paciencia de Sumar, que lleva meses presionando al PSOE para que adopte medidas más contundentes en materia de vivienda. Los socialistas sienten ahora la presión de un malestar social que amenaza con afectar electoralmente cuando faltan pocos meses para las elecciones generales y el problema habitacional está lejos de resolverse tras ocho años de Gobierno.

El ultimátum de Sumar y las exigencias inmediatas

El ala minoritaria del Ejecutivo ha lanzado un claro ultimátum al PSOE: el decreto de vivienda que prometieron aprobar en julio debe aprobarse “sí o sí” el próximo martes de forma inaplazable. Además, han exigido que se expropie de inmediato el piso de Maricarmen como gesto de compromiso político.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, recordó este jueves que en marzo los ministros de Sumar ya se negaron a entrar en un Consejo de Ministros hasta que el PSOE accediese a aprobar el decreto de prórroga de alquileres, que acabó siendo tumbado por el Congreso de los Diputados. Bustinduy fue tajante sobre la necesidad de ilegalizar los fondos de inversión: “Hay que mandarle un mensaje a los fondos: que no son bienvenidos y vamos a ilegalizar esa actividad. Pero no basta con solucionar solo un caso: tiene que ir el decreto ley de vivienda para que todas las personas como Maricarmen se vean protegidas”.

Bustinduy dirigió sus críticas principalmente a la derecha: “Si ayer ocurrió lo que ocurrió es porque la ley que protegía a Maricarmen contra los desahucios la tumbaron tres veces el PP, Vox y Junts”.

Aceleración de negociaciones y cambio de estrategia

La presión tanto dentro del Gobierno como en la calle ha provocado que, tras el desahucio, la parte socialista haya acelerado dramáticamente las negociaciones para conseguir los apoyos necesarios para la convalidación del decreto en el Congreso de los Diputados, algo que hace apenas unos días no contemplaban hacer.

Pedro Sánchez, desde Nueva York, abrió este miércoles la puerta a aprobar el decreto el próximo martes y prometió una respuesta ante un caso que calificó de “tragedia social”. Moncloa ha confirmado que las conversaciones con Junts se han activado nuevamente después de meses con relaciones rotas. Sintomático de la entidad de la situación es que sea precisamente la parte socialista del Gobierno, y no solo la de Sumar, la que ahora se ha involucrado directamente en la interlocución con los posconvergentes.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha confirmado que el caso de Maricarmen “ha aproximado algunas posiciones que hasta ahora venían más distanciadas” en las negociaciones para aprobar el decreto de vivienda. Desde el PSOE transmiten cierto optimismo sobre la posibilidad de cerrar un acuerdo: algunas voces socialistas creen que Junts puede encontrar margen para capitalizar ante su propio electorado determinadas medidas incluidas en el texto, mientras otras confían en que sea la propia presión generada por el caso la que termine estrechando su margen para oponerse.

Tensiones crecientes entre socios de la coalición

Las tensiones dentro de la coalición se han agravado con las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha atacado directamente a Sumar y sus aliados en momentos de máxima presión política. Puente escribió en X cuestionando si sus compañeros de Gobierno podrían resolver sus propios conflictos internos: “A ver si toda esta movida sirve al menos para que los que resolverían el problema de la vivienda en un pis pas, resuelvan uno que debería ser más sencillo: el suyo. Solo tienen que ponerse de acuerdo y no ir bajo 20 siglas y regalarle el gobierno a la ultraderecha”.

Esto ha provocado una fuerte respuesta de Movimiento Sumar, que censura que Puente “ha elegido ir a atacar a la izquierda la semana en la que están desahuciando a mujeres de 87 años”. Sumar apunta además que “El problema de perspectiva lo tiene él, no nosotros”.

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha subido el tono demandando que la alianza replantearse su permanencia en el Ejecutivo ante la “impasibilidad” del PSOE, que apenas una semana antes impidió que en el Congreso comenzase a tramitarse una iniciativa de Sumar para prohibir la compra de pisos a los fondos de inversión.

El retraso del decreto y el debate sobre responsabilidades

Un dato incómodo para el Ejecutivo es que es el propio Gobierno el que lleva cerca de dos meses retrasando la aprobación del decreto ante la falta de garantías para convalidarlo en el Congreso. Esa estrategia empieza a generar debate dentro del propio PSOE. Algunas voces socialistas consideran que ante un asunto con semejante impacto social, ya no basta con explicar qué administración tiene cada competencia o señalar qué grupo impide aprobar cada medida.

Algunos socialistas reclaman incluso ir más allá y asumir un marco mucho más nítido ante la crisis de la vivienda: o se interviene con mayor intensidad sobre un mercado que consideran incapaz de corregirse por sí solo o el problema corre el riesgo de convertirse en un callejón sin salida político para la izquierda. El argumento pasa también por explicar que el Gobierno no ha tenido durante esta legislatura fuerza parlamentaria suficiente para sacar adelante todas las medidas que pretendía.

Una voz del grupo parlamentario socialista advertencia: “Hay que hacer un discurso honesto. Es una equivocación que nos escondamos. Lo que creo que no se está haciendo bien es no limitar la compra de vivienda por parte de fondos de inversión”.

La crítica del PP y su alternativa

El PP ya anticipa su rechazo al decreto de vivienda. La vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha recordado que, según el CIS, el problema de la vivienda ha saltado al primer puesto en las preocupaciones de los españoles desde que Sánchez llegó al poder, algo que no ocurría cuando el socialista llegó a la Moncloa hace ocho años.

Gamarra rechaza el planteamiento del Ejecutivo: “Esto no tiene una solución fácil y el culpable es el PP” porque el caso de Maricarmen es consecuencia “de un profundo fracaso en política de vivienda en los últimos ocho años”. La vicesecretaria popular rechaza también las críticas a los fondos de inversión: “A la izquierda le encanta decir que la culpa la tienen los fondos para intentar tapar sus responsabilidades”, insistiendo en que “el 90% del mercado de la vivienda en España está en manos de pequeños propietarios”.

El PP apuesta por una receta diferente que pasa por “movilizar suelo, agilizar las licencias y dar seguridad jurídica”, junto con incentivos fiscales para que quienes han retirado vivienda del mercado la vuelvan a poner, lo que en su opinión incrementaría la oferta de vivienda y reduciría los precios.