El Gobierno cuestiona que el TS paralice el derecho al voto de "miles de españoles"

El Tribunal Supremo ha paralizado cautelarmente el derecho al voto de los descendientes de españoles inscritos a través de la “ley de nietos”, mediante una decisión adoptada solo un día después de la vista judicial en la que tanto Vox como Iustitia Europa solicitaron estas medidas cautelares por los “efectos irreversibles” que consideraban podría haber en el censo electoral.

La Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) del TS condiciona la inscripción en el Censo de Residentes Ausentes (CERA) a la certificación de que los nacionalizados sean hijos o nietos de exiliados por razones políticas, ideológicas, de creencia u orientación sexual que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española. El tribunal ordena a la Junta Electoral Central (JEC) que requiera esta documentación a los registros consulares para verificar que las nacionalizaciones se realizaron conforme a los requisitos de la ley.

La posición del Gobierno

Óscar Puente, ministro de Transportes, calificó la decisión como “difícil de entender”. Félix Bolaños, titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, mostró mayor preocupación, urgiendo al Supremo a que tome una decisión definitiva “antes de las elecciones de 2027” y resuelva “el fondo de esta cuestión” con todos los argumentos que justifiquen una medida de “esa envergadura”.

Bolaños subrayó que la medida afecta al derecho al voto “de miles de españoles” e insistió en que algo tan “trascendente” como “privar del derecho al voto” a ciudadanos que reúnen los requisitos legales merece una resolución completa. También pidió no hacer caso a “bulos”, recordando que el sistema democrático español es “de los más garantistas del mundo”.

Crítica desde Sumar

Verónica Martínez, portavoz de Sumar en el Congreso y co-coordinadora de Movimiento Sumar, criticó duramente la decisión. Para Martínez, la resolución “abre el camino a una deriva antidemocrática peligrosísima” al restringir el derecho al voto a ciudadanos con nacionalidad española que cumplen los requisitos legales. Señaló que es “tremendamente preocupante” y la catalogó como “la enésima prueba de que el Poder Judicial no quiere que este Gobierno gobierne”, añadiendo que “resulta muy difícil para ninguna persona progresista en este país confiar en la Justicia en estos momentos”.

Antecedentes: la “ley de nietos”

La Ley de Memoria Democrática, aprobada el 19 de octubre de 2022, permite a hijos y nietos de españoles de origen optar a la nacionalidad española siempre que acrediten haber nacido fuera de España y que su padre, madre, abuelo o abuela fueron originariamente españoles y hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia u orientación sexual.

Una semana después, el Gobierno aprobó una instrucción que “presumía” la condición de exiliado para todos los españoles que salieron del país entre 1936 y 1955. La nueva resolución del Tribunal Supremo cambia este enfoque: ahora todos los casos deben certificarse individualmente. Los nacionalizados deben demostrar que cumplen los requisitos de la ley —no de la instrucción— para poder inscribirse en el CERA, y son los consulados los encargados de acreditar que las nacionalizaciones cumplen con la normativa.