Jueves, 10 de septiembre de 2026
El Gobierno vasco otorga tercer grado al etarra Henri Parot pese a rechazar su arrepentimiento
3 minutos de noticias · Política
El Gobierno vasco concede el tercer grado al etarra Henri Parot, condenado por 39 asesinatos, sin que el terrorista haya mostrado arrepentimiento real, lo que Covite considera parte de una política sistemática de excarcelación de presos de ETA.
El Gobierno vasco ha concedido el tercer grado al etarra Henri Parot, condenado por 39 asesinatos y considerado uno de los terroristas más sanguinarios de ETA. La decisión ha sido denunciada por el Colectivo de Víctimas de Terrorismo (Covite), que subraya la ausencia de un arrepentimiento real y verificable por parte de Parot.
Parot fue integrante del comando Argala, responsable de algunos de los atentados más brutales perpetrados por ETA. Entre ellos, la matanza de la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987, en la que fueron asesinadas 11 personas, entre ellas cinco niños, y otras 88 resultaron heridas. Acumuló condenas cercanas a los 4.800 años de prisión por asesinatos consumados, en grado de tentativa, lesiones, estragos, detenciones ilegales, depósito de armas y explosivos y pertenencia a banda terrorista, entre otros delitos. Fue detenido en 1990 cuando intentaba atentar contra El Corte Inglés de Sevilla.
La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha calificado de «inaceptable» la concesión de semilibertad a un terrorista condenado por el asesinato de 39 personas. Ha denunciado que «Henri Parot no ha mostrado públicamente un arrepentimiento sincero por sus crímenes ni ha realizado una ruptura clara, inequívoca y verificable con ETA y con el entorno político y social que justificó y legitimó sus asesinatos».
Ordóñez advierte que la progresión al tercer grado de Parot confirma una «política sistemática de excarcelación progresiva de los presos de ETA», que califica como «una amnistía encubierta». Ha lamentado que «no estamos ante una verdadera política de reinserción, sino ante una política penitenciaria puesta al servicio de la izquierda abertzale y de su objetivo histórico de vaciar las cárceles de presos de ETA sin exigirles arrepentimiento». Ordóñez ha añadido que la concesión es «una consecuencia más del final negociado de ETA que las víctimas padecemos desde el año 2011».
El Gobierno vasco ha adoptado decisiones similares con otros presos de ETA. Juan Antonio Olarra Guridi y Óscar Celarain recibieron tercer grado, pero el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional revocó posteriormente ambas decisiones al considerar que no se cumplían los requisitos legales. Jon Igor Solana, condenado por los asesinatos del fiscal Luis Portero y el concejal Martín Carpena, también recibió tercer grado del Gobierno vasco, pero la Fiscalía recurrió y la Audiencia Nacional suspendió la progresión penitenciaria.
El Ejecutivo vasco también ha utilizado el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario para permitir a determinados presos salir de prisión durante parte de la semana para realizar actividades laborales. En febrero de 2026, se informó que entre los beneficiados figuraban históricos miembros de ETA como Parot, Olarra Guridi y Ainhoa Mújika. Asociaciones de víctimas consideran este régimen un «tercer grado encubierto», denunciando que genera una sensación de abandono. La AVT ha pedido que se controle rigurosamente el cumplimiento de los requisitos legales.
La cuestión se ha convertido en un eje de rivalidad política entre el PSOE con sus socios parlamentarios (el PNV que ejecuta estas concesiones y Bildu que las justifica) y la oposición representada por PP, Vox y UPN, que han denunciado estas medidas en distintas ocasiones.