El juez descarta pedir a Arabia Saudí información sobre las joyas incautadas a Zapatero

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, instructor del caso Plus Ultra, descarta dirigirse a las autoridades de Arabia Saudí para preguntar si las joyas incautadas a José Luis Rodríguez Zapatero en su despacho fueron un regalo que el país le entregó en 2007 en el Palacio de la Moncloa.

En un auto, el magistrado pone en duda la versión del expresidente del Gobierno. Según el juez, esa versión «carece en este momento de cualquier elemento objetivo de corroboración externa y no encuentra suficiente fundamento en los elementos obrantes» en el procedimiento.

El auto recuerda que consta la visita oficial a España del monarca saudí en junio de 2007 y que en ese contexto se documentó la entrega de obsequios institucionales, que se incorporaron al patrimonio público. Entre ellos no figuran las joyas, una circunstancia que, a juicio del juez, «difícilmente se compadece con el tratamiento diferenciado» que habrían recibido según la versión del investigado.

Calama subraya además que, bajo la Presidencia de Zapatero, se aprobó el Código de Buen Gobierno, que establecía que los obsequios institucionales de especial significación debían incorporarse al patrimonio público. Esto, dice, «pone de manifiesto el pleno conocimiento» del investigado sobre el régimen aplicable, y «no resulta coherente con la explicación actualmente ofrecida».

El juez considera razonable inferir que los juegos de joyería, con rubíes, esmeraldas y zafiros, tienen una relevante entidad patrimonial, y que su aspecto basta para advertir a cualquier observador de que son bienes de notable valor económico, sin perjuicio de la pericial que corresponda.

Las piezas no se conservaban en sus estuches originales ni llegaban acompañadas de certificados de autenticidad, documentación de procedencia o cualquier otro elemento identificativo. El juez aclara que esto no permite por sí solo una conclusión definitiva sobre su origen, pero sostiene que estas circunstancias «difícilmente se compadecen» con la tesis de un regalo institucional destinado al patrimonio público.

Para el magistrado, Zapatero dispone de medios directos para obtener la corroboración de lo que afirma, y no se le ha impuesto ninguna medida cautelar que limite su libertad de movimientos ni le impida viajar a Arabia Saudí. Su versión, añade, se apoya en la relación institucional y personal que habría mantenido con la Corte Real saudí, lo que permitiría «una particular facilidad de interlocución» con sus órganos de protocolo.

Por eso, concluye Calama, una comisión rogatoria no serviría para completar una hipótesis con algún grado de corroboración objetiva, sino para «construir ex novo el soporte probatorio de una mera afirmación formulada por el propio investigado». El juez aclara que no se trata de invertir la carga de la prueba, pero señala que la hipótesis carece de «un mínimo elemento objetivo de corroboración».

Petición de imputación por malversación

En el mismo auto, el juez se refiere a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de imputar a Zapatero un delito de malversación por las joyas. Calama anuncia que resolverá esa petición en breve, en una resolución independiente.

Según el auto, se trata de tres juegos de rubíes, esmeraldas y zafiros, de cuatro piezas cada uno (doce en total), montados en oro blanco de 18 quilates y diamantes. La defensa de Zapatero sostiene que proceden de un regalo «realizado como atención personal» que el monarca le entregó en el Palacio de la Moncloa con motivo del viaje oficial de los días 18 y 19 de junio de 2007.

La Fiscalía considera que su abogado reconoció que, siendo presidente del Gobierno, aceptó unas joyas de «muy significativo valor» y que no las entregó al Patrimonio del Estado, como sí hizo con otros regalos al final de su mandato. Anticorrupción sostiene que la malversación se consuma con la «consciente actuación desviada» de la obligación de entregar esas joyas. Para el Ministerio Público, hay que investigar la justificación que ofrece Zapatero, pero mediante la comprobación de un posible delito de malversación y no con una comisión rogatoria que considera «injustificada y dudosamente operante».