El Supremo suspende el voto de los descendientes nacionalizados por la ley de nietos

El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente el derecho al sufragio de aproximadamente 400.000 nuevos ciudadanos obtenidos a través de la ley de Memoria Democrática de 2022, que permitía nacionalizarse a descendientes de españoles exiliados entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La decisión responde a un recurso presentado por Vox e Iustitia Europa contra un acuerdo de la Junta Electoral Central, que se había declarado incompetente para fiscalizar los efectos electorales de la norma.

El Alto Tribunal argumenta que el “incremento extraordinario” del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) generado por esta ley y una instrucción posterior que “presumía” la condición de exiliado de todos los que emigraron en ese período crea un peligro “fundado, real y serio” de afectar a la “objetividad y transparencia” del proceso electoral. Esta argumentación ha dado alas a la teoría de la derecha y ultraderecha de que el Gobierno estaría “cocinando un pucherazo”. Hasta que falle sobre el fondo del asunto, el Supremo solicita a estos nuevos censados que demuestren que el exilio familiar fue por razones “políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual”, como recoge la ley.

Una prueba muy difícil de satisfacer

Iliana María Escalona, representante legal de Apoyar Madrid, una asociación de ayuda al retornado, cuenta que en los últimos días han recibido “montones” de correos y llamadas para obtener información sobre el alcance de la decisión judicial. Aunque aclara que la orden del Supremo no cuestiona la nacionalidad ni paraliza los trámites, “la preocupación persiste” entre los beneficiarios.

Adriana Gárriz, del Centro de Descendientes de Españoles Unidos en Argentina, subraya que la exigencia de probar la condición de exiliado es un requisito “realmente difícil de demostrar”, ya que muchos de esos exiliados huyeron como pudieron, bajo pasaporte y nombre falso o con documentos ya perdidos. “Para muchos, desaparecer era cuestión de vida o muerte”, apunta. A esto se suma una situación de servicios consulares “atiborrados” de trabajo y “muy estrictos” con las gestiones, lo que repercutirá en esas comprobaciones extra.

Temores a una restricción más amplia

José Manuel Besteiro, de la Federación de Sociedades Españolas, que aglutina a 136 entidades españolas en Argentina, corrobora que “más allá de la suspensión del voto, hay preocupación porque esta medida se pueda ampliar” hasta la negación misma de la ciudadanía. Renato García, presidente de la Asociación Vasco-Navarra de Beneficencia en Cuba, alerta de que la decisión del Supremo crea ciudadanos “de primera y de segunda” y ha provocado “temor” entre los solicitantes a que se interrumpa su proceso, “ya de por sí lento y escabroso”.

Ariel Vives i Bloise, expresidente del Casal de Catalunya en Buenos Aires, critica la decisión como una “intromisión” en la división de poderes “con un carácter político muy importante”, en parte motivada por el auge mundial de la extrema derecha y su discurso antiinmigración. Considera que esto causa “desasosiego” entre los descendientes, sobre todo entre los que están en trámites de obtención de la nacionalidad.

Participación electoral baja entre españoles en el exterior

Argentina es el país con la mayor comunidad de españoles en el extranjero. De los 434.000 inscritos en el CERA para los comicios de 2023, solo votó el 6,2%. Esta cifra baja está en línea con la participación general de los españoles en el extranjero, que hace tres años fue del 10%. En las elecciones de 2023, la participación de españoles en el exterior solo alteró un escaño en Madrid, que pasó del PSOE al PP.

Ariel Vives explica que “para la mayoría, la doble nacionalidad tiene que ver con la posibilidad de viajar o emigrar, no tanto con participar en los comicios”.

Propuestas de solución

Desde el PSOE le insisten al Supremo en que resuelva la cuestión “cuanto antes”, mientras que Sumar ha anunciado una enmienda a la ley orgánica de Educación, en tramitación en el Congreso, para sortear el veto y garantizar el derecho a voto de los descendientes.

La presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española, Violeta Alonso, critica el “ruido de fondo” del debate, que está “estigmatizando” a los españoles del exterior y cuestionando sus derechos. Defiende la necesidad de articular una circunscripción exterior, al estilo de Portugal, Francia o Italia, que asigne un número determinado de diputados y senadores, eliminando dudas sobre la distribución provincial de votos. “El exterior se siente muchas veces huérfano, y le gustaría contar con sus propios representantes”, señala.

El Tribunal Supremo ha manifestado su intención de resolver esta cuestión de urgencia, a ser posible para diciembre, a las puertas de un 2027 de “alto voltaje electoral” con las elecciones generales como “principal caballo de batalla”.