El Tribunal Constitucional amparará a Jordi Turull en la malversación del procés

La mayoría del TC, presidida por Cándido Conde-Pumpido, ha rechazado este martes la ponencia del magistrado José María Macías que proponía denegar el amparo solicitado por Jordi Turull, dirigente de Junts condenado por malversación en relación al procés.

Según los criterios de la mayoría, Turull debe beneficiarse de la ley de amnistía, que borrará de forma definitiva los delitos que motivaron su condena. El Supremo, al rechazar aplicar la amnistía al delito de malversación, habría actuado de manera “ilógica y arbitraria”, según la evaluación que hace la mayoría del Constitucional.

La ponencia de Macías argumentaba que el Supremo no interpretó la ley de forma imprevisible ni caprichosa. El tribunal razonó que los líderes del procés obtuvieron un beneficio patrimonial directo al usar fondos públicos de la Generalitat para financiar el referéndum ilegal, eludiendo así el coste inherente a su proyecto político. Esto justificaba, en su criterio, excluirlos de la amnistía. Turull reclamaba que esta lectura vulneraba su derecho a la tutela judicial efectiva bajo el artículo 24 de la Constitución.

Macías enfatizaba que el TC no es una instancia casacional: la decisión del Supremo “se enmarca dentro de los márgenes de previsibilidad” exigibles a los tribunales ordinarios. Sin embargo, la mayoría ha rechazado estos argumentos, tumbando la ponencia en el pleno de este martes.

El intercambio de opiniones ya implica el reconocimiento del amparo. Como la mayoría ha rechazado la ponencia, ahora deberá redactarse un nuevo texto en sentido contrario, que correrá a cargo del propio Macías. Cuando esa decisión se plasme en sentencia, supondrá una nueva desautorización al Tribunal Supremo y el reconocimiento implícito de que su negativa a aplicar la amnistía fue arbitraria.

El presidente Conde-Pumpido también llevará al próximo pleno del 6 de octubre el caso de la exdirigente independentista Dolors Bassa. Con estas decisiones, la amnistía del procés se abre de forma definitiva para todos los condenados, borrando los delitos que motivaron sus condenas.