La crisis del Constitucional polaco se agrava y divide a la coalición de Tusk

La Coalición Cívica del primer ministro, Donald Tusk, rechaza enviar representantes a las consultas que el presidente, Karol Nawrocki, ha convocado este sábado para buscar una salida al enfrentamiento por el Tribunal Constitucional. Sus socios del Partido Campesino Polaco (PSL) y Polska 2050 sí acuden al palacio presidencial para explorar una desescalada.

La ausencia del partido de Tusk deja las conversaciones sin su principal interlocutor, aunque no supone un rechazo de todo el Ejecutivo: entre los participantes figura el viceprimer ministro y titular de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, del PSL. La Nueva Izquierda también ha rechazado participar. La discusión abre una grieta en una coalición sometida a una creciente confrontación con el jefe del Estado, elegido con el respaldo de los nacionalconservadores de Ley y Justicia (PiS).

Nawrocki convocó las consultas tras interrumpir su viaje a Senegal y regresar a Varsovia. Durante la madrugada acudió al Constitucional, ante cuya sede se habían concentrado cientos de personas contra la suspensión de su presidente, Bogdan Wiczkowski. El jefe del Estado denunció una vulneración del orden constitucional y se alineó con los responsables del tribunal vinculados al PiS.

Jarosław Kaczyński, líder del PiS, endureció las acusaciones: “Desde hoy Polonia se convierte en un Estado policial”, afirmó, y advirtió de una deriva hacia el autoritarismo y el totalitarismo. Tusk defendió las actuaciones como parte de su compromiso de recuperar el Estado de derecho tras los años de poder de los nacionalconservadores: “No hay otro camino”, sostuvo, y calificó el proceso de difícil y a veces doloroso. El ministro de Exteriores, Radosław Sikorski, admitió que los acontecimientos nocturnos “no fueron elegantes”, pero sostuvo que la alternativa era aceptar una transformación inconstitucional de Polonia en una república presidencial.

Desde Polska 2050, Szymon Hołownia ha reclamado un acuerdo entre Tusk y Nawrocki para recomponer el tribunal. La pugna refleja una disputa más amplia: hasta dónde puede llegar el jefe del Estado para bloquear las decisiones de la mayoría parlamentaria y qué instrumentos puede usar el Gobierno para superarlo.

Órdenes duplicadas

Wiczkowski sigue dando órdenes pese a su suspensión: ha declarado días no laborables, con sueldo, y ha pedido a los empleados que desatiendan los requerimientos de quienes considera no autorizados, para impedir que obedezcan a Anna Korwin-Piotrowska, la jueza que ha asumido la dirección del órgano. Esta había ordenado que los magistrados trabajen fuera de la sede, dispensó a los empleados de acudir salvo requerimiento expreso y suspendió el registro presencial por riesgos para la seguridad.

El detonante llegó el viernes, con la suspensión temporal de Wiczkowski y de su vicepresidente, Bartłomiej Sochański. Korwin-Piotrowska les atribuye, entre otras irregularidades, impedir que magistrados elegidos por el Parlamento ejerzan su cargo y obstaculizar el funcionamiento del pleno. Los afectados rechazan la medida y no reconocen como magistrada a la jueza que la adoptó. Mientras la web del tribunal anunciaba el relevo, su cuenta en redes sociales denunciaba una apropiación ilegal del sitio y acusaba a los responsables de un golpe de Estado. Fuera, las protestas acabaron con empujones, lanzamientos de objetos y detenciones.

La llegada nocturna de Nawrocki añadió otro episodio: el juez Maciej Berek acusó al presidente de abrirse paso empujando a Korwin-Piotrowska, mientras su entorno sostuvo que fueron los magistrados quienes intentaron impedir el acceso.

El conflicto se arrastra desde las reformas judiciales del PiS entre 2015 y 2023, que enfrentaron a Varsovia con la Unión Europea por la independencia de los tribunales. Tusk regresó al poder con la promesa de revertirlas, pero los nombramientos de aquella etapa y la oposición presidencial lo han dificultado. Nawrocki se ha negado a tomar juramento a parte de los jueces elegidos por la mayoría parlamentaria, y Wiczkowski ha impedido su incorporación al Constitucional.

El próximo pulso será el pleno anunciado para el 3 de noviembre: los dos bandos siguen sin reconocer una misma autoridad para convocarlo ni a los mismos magistrados para decidir.