La jueza Beatriz Biedma declara como perjudicada en la Audiencia Nacional tras un informe de la UCO sobre las cloacas del PSOE

La magistrada que investigó el caso Hermanísimo comparece hoy en la Audiencia Nacional como parte perjudicada en el caso Cloacas, ante el juez Santiago Pedraz. Según una fuente muy cercana a Beatriz Biedma, las últimas horas de la magistrada han sido de calma: «Tranquila, con templanza y con muchos datos y pruebas». Tras el informe de la UCO al juez Pedraz, es consciente de que su vida ha estado en peligro.

Biedma, que sigue sin escolta personal, viajó a Madrid el día anterior. Ha preparado su intervención con el mismo rigor que sus casos, junto a su hermana, la abogada Manuela Biedma Rojano, que la representa.

El último escrito de la UCO la describe como arma ejecutoria de las atrocidades pergeñadas por la cloaca y como nexo de unión entre la fontanera Leire Díez y las mafias de Badajoz, según las pruebas de los agentes y las declaraciones de los protagonistas.

La magistrada se puso en la diana de la cloaca con su actuación ante David Sánchez Pérez-Castejón, al que acorraló con unas simples preguntas: «¿Dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas, a qué se dedica, cuáles son sus funciones…?». La investigación le llegó por designación telemática, por sorteo entre los cuatro jueces de instrucción de Badajoz, y la exprimió con un estudio riguroso: 64.000 correos electrónicos intervenidos, «y leídos todos». Tuvo todo en contra, desde la Fiscalía a Hacienda, y además sufrió un intento de extorsión que incluyó seguimientos personales a ella, a sus hijas y a su marido. La UCO certificó que la cloaca del PSOE propuso ir «físicamente a por ella», según confirmó a los agentes la líder de uno de los clanes, Cintia Rocho.

«Va con pruebas, con mucho material, y además tiene el apoyo del informe de la UCO, que es demoledor de lo que quisieron hacer contra ella», relatan sus cercanos. «Beatriz las ha visto de todos los colores en el juzgado, no se va a achantar ahora».

Decidió personarse en la causa cuando leyó la anotación incautada en la agenda de Leire Díez este mismo verano: «Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína y Gitano». Esa fue la línea roja. Conocía perfectamente a quiénes se referían esos apodos y la amenaza que podían representar. Sabía que la espiaban, que habían hablado con sus vecinos, que tenían fotos de sus hijas y que la siguieron hasta el gimnasio y el colegio de sus hijas. Ya había tomado declaración a La Celsa y a su hijo, ahora en la cárcel, en el marco de los infinitos problemas judiciales de esa familia, que incluyeron en 2024 un doble asesinato: el de su marido, con ella presente mientras desayunaban en una cafetería de Badajoz, y el de su padre, acribillado a tiros la noche del 30 de diciembre por un clan colombiano mientras conducía. «Con este contexto, con esta experiencia, habiendo tratado este tipo de casos, ¿tú te crees que está asustada ahora?».

Lo que la preocupa son sus hijas y su madre, enferma en Córdoba. Desde este verano confirma lo que primero fue un rumor en los pasillos del juzgado: fueron a por ella para derribar «por lo civil o por lo criminal» el caso del hermano del presidente del Gobierno. Por eso pidió personarse como acusación particular. El juez lo acordó, al estimar que han podido ser víctimas de, al menos, un delito de calumnias.

El ex juez Sáenz de Tejada, expulsado de la carrera por una sentencia de violencia de género, dijo a Cintia Rocho (La Celsa), por redes sociales y en tres ocasiones por teléfono: «Es un puto grano en el culo y hay que eliminarla». Ahora también se sabe quién la siguió: el Club de Debates Urbanos de Badajoz, cuyos miembros recibían asistencia jurídica gratuita del ex magistrado a cambio de espiarla y pasarle información perjudicial para la reputación de Biedma.

La UCO subraya que «su participación podría haber ido más allá» y recuerda la mención a que «había que eliminarla». «En cualquier caso», concluye, «lo que sí consta es que estas actuaciones […] habrían sido objeto de conocimiento de, al menos, Leire Díez, lo que vendría a reforzar la estrategia seguida por la presunta organización criminal, cuyo fin último habría sido proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales con afectación al PSOE, y directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su Presidente».

La magistrada cordobesa llevará hoy al juez Pedraz los documentos, datos y pruebas que tiene en la mano.