Miles de personas protestan contra el desahucio de Maricarmen en Madrid

Miles de personas se manifestaron el miércoles en varias ciudades españolas para protestar contra el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años con discapacidad que vivía desde hace siete décadas en un piso de la calle Alcalde Sáinz de Baranda de Madrid. En la capital, unos 10.000 manifestantes se concentraron frente al ático de Chamberí comprado por la Comunidad de Madrid, según la Delegación del Gobierno.

El desahucio se completó tras un dispositivo policial que se prolongó más de siete horas, concluyendo alrededor de la una de la tarde. Maricarmen fue desalojada en camilla y trasladada al hospital Gregorio Marañón. Era el cuarto intento de desahucio, tras un litigio que comenzó en 2018 cuando la propiedad pasó a manos de la inmobiliaria Renta Corporación, que luego la transfirió a la socimi Urbagestión Desarrollo e Inversión SL. La nueva propietaria reclamaba un alquiler de 1.650 euros mensuales, cantidad inasumible para Maricarmen, que percibe una pensión de apenas 1.450 euros.

Las manifestaciones ocurrieron en al menos una docena de ciudades: Madrid, Barcelona (centenares de personas), Palma (50 personas), Oviedo (200), Valencia y otros lugares. Los sindicatos de inquilinos convocaron las protestas bajo lemas como “¡Maricarmen somos todos!” y “Para Ayuso, un ático; para nuestra clase, desahucios”. En Madrid, la calle General Martínez Campos fue cortada al tráfico y se desplegó un dispositivo antidisturbios.

Los manifestantes criticaron tanto al Gobierno de Ayuso en Madrid como al Ejecutivo central, tachándolo de “hipócrita”. El Sindicat de Llogateres advirtió que si el Gobierno no aprueba un decreto antidesahucios antes de una semana, convocará una huelga general. El sindicato denunció que el Real Decreto de Vivienda anunciado en junio permanece “en un cajón”, mientras que PP, Vox y Junts votaron contra la moratoria antidesahucios.

Portavoces de los sindicatos destacaron que el caso de Maricarmen no es aislado: la misma semana se produjeron desahucios de Sílvia en Barcelona con protocolo de riesgo de suicidio activado, y de Olga en Hospitalet de Llobregat, quien se quitó la vida tras su desahucio. Andrea Aleixos, portavoz del Sindicat de Llogateres, también denunció “violencia policial exagerada” durante el desahucio, afirmando que agentes sacaron escopetas, arrojaron gas pimienta e hirieron a varios manifestantes.