Muere Maricarmen Abascal, la inquilina de 87 años desahuciada en Madrid cuyo caso desató protestas en toda España

Maricarmen Abascal, de 87 años, murió este miércoles en el hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde había sido ingresada tras ser desalojada de su vivienda el 23 de septiembre. Se había convertido en símbolo de la crisis de vivienda en España.

Su desahucio provocó una ola de protestas en toda España y llevó al Gobierno de Pedro Sánchez a proponer de urgencia medidas de alivio en materia de vivienda. Tras el rechazo en el Parlamento, la semana anterior, de dos decretos propuestos por el Gobierno, Sánchez adelantó este lunes las elecciones generales, que se celebrarán el 29 de noviembre.

Ante la noticia, Sánchez expresó «todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen», y añadió: «Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia».

Desde el desahucio, miles de personas se movilizaron en la Puerta del Sol de Madrid, donde se mantiene instalado un campamento de protesta. Esa noche, cientos de personas marcharon hasta el Congreso de los Diputados.

Reacciones

El Sindicato de Inquilinas, que había luchado para evitar el desahucio, comunicó: «Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen». Y añadió: «Si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde. Una situación absolutamente evitable tras un proceso torturante».

Maricarmen había permanecido hospitalizada desde el desahucio y, desde su cama, había mandado mensajes de apoyo a quienes se movilizaron en su defensa: «Luchad, defended lo que es vuestro».

Su abogada, Beatriz Duro, dijo a la cadena SER que el caso «deja patente que la violencia de este tipo de procedimientos y desahucios que se dan todos los días en nuestro país tienen un impacto en la salud que es evidente». «Hemos podido verlo casi en directo», agregó: hace un año, en el primer intento de desalojo, Maricarmen caminaba, cantaba y era completamente autónoma, pero su salud se deterioró rápidamente. «Se la sacó de su casa en una camilla directamente a un hospital». Y concluyó: «Evidentemente, hay culpables de su muerte».

Varios ministros y otras autoridades lamentaron la muerte. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, escribió en X: «Mis condolencias y reconocimiento a quienes la acompañaron y lucharon con ella hasta el final». La ministra de Igualdad, Ana Redondo, dijo en redes: «Gracias por tu valentía y tu dignidad. Descansa en paz, Maricarmen».

Alberto Núñez Feijóo, líder del opositor Partido Popular y principal rival de Sánchez en las elecciones del 29 de noviembre, dio el pésame a la familia y pidió que no se utilice de forma interesada la muerte: «Ni campaña, ni partidos, ni utilización interesada. No más piedras en el muro».

Una portavoz del Sindicato de Inquilinas expresó: «Con cada subida de alquiler, con cada acoso por parte de los rentistas, se llevan por delante nuestra salud y se llevan por delante nuestra vida». La organización ha convocado una huelga general para el 11 de noviembre para exigir soluciones al problema de la vivienda en España.

Las causas del fallecimiento no se conocieron de inmediato.

El caso

Maricarmen era inquilina de un piso de 92 metros cuadrados en el barrio de Retiro, en el centro de Madrid, propiedad de la empresa de inversión Urbagestión. Fue desalojada al no poder hacer frente a la subida de alquiler que exigía la compañía. Tras un litigio de varios años, en el que la justicia falló a favor de la empresa, la comisión judicial ejecutó el desahucio al cuarto intento, el 23 de septiembre.

La octogenaria vivió en la calle Alcalde Sainz de Baranda casi toda su vida. Su padre firmó el contrato de alquiler en 1956. Tras su muerte, su esposa pasó a ser la inquilina y, cuando ella murió en 2005, el contrato pasó a su hija Maricarmen.

Maricarmen residía bajo un contrato de renta antigua: alquileres firmados durante la dictadura franquista (1939-1975) que después conservaron condiciones distintas a las de los contratos nuevos, incluida una renta históricamente baja. Pagaba 500 euros al mes (unos 573 dólares), muy por debajo del precio actual de mercado.

En 2018, la familia propietaria del edificio vendió la finca a Renta Corporación, que dos años después ofreció a Maricarmen comprar el piso por 247.000 euros. Ella alegó que no podía asumir ese precio. El cambio de dueño no ponía fin automáticamente al alquiler: había que determinar si el contrato seguía vigente. Según la interpretación del Tribunal Supremo, en su caso el contrato no podía prolongarse indefinidamente por tratarse de una segunda subrogación.

Tras rechazar la oferta de compra, en 2020 Renta Corporación vendió la vivienda a Urbagestión, la actual propietaria. Esta le pidió inicialmente 2.650 euros al mes y después planteó que aceptaría 1.650 euros, una cifra que superaba la pensión mensual de unos 1.400 euros que recibía Maricarmen.

Maricarmen trabajó 32 años como secretaria en una empresa farmacéutica y se jubiló en 1998. Según su abogada, siguió pagando los 500 euros mensuales incluso después de 2020. Urbagestión sostenía que el contrato antiguo había terminado y reclamaba la cantidad actualizada.

Tras las protestas, la empresa aceptó que regresara a su vivienda pagando una renta similar a la que venía abonando, pero con un nuevo contrato. Con su fallecimiento, ese regreso no se producirá.