Subasta del ático de Ayuso queda desierta sin ofertas

Planifica Madrid, la empresa pública de la Comunidad de Madrid adscrita a la Consejería de Presidencia, no ha recibido ninguna oferta por el polémico ático de Chamberí tras ponerlo a la venta en medio de la polémica que ha envuelto a la presidenta Isabel Díaz Ayuso durante todo el verano. Según el acta de la Mesa de Contratación presentada este jueves, se propone oficialmente declarar desierta la licitación del inmueble.

El ático, ubicado en el paseo del General Martínez Campos en el madrileño barrio de Chamberí, tenía un precio de salida de 6.694.201 euros. Fue adquirido por Planifica Madrid en abril de 2026 por 6,3 millones de euros, supuestamente como respuesta a las futuras obras de reforma que requiere la Real Casa de Correos, sede histórica de la Presidencia regional.

El acto de apertura de sobres con las ofertas estaba previsto para ayer, pero se aplazó a última hora del jueves “por motivos organizativos”. Fuentes del Partido Popular admitieron a La Vanguardia de forma reservada que “se veía venir que el proceso quedaría desierto” e indicaron de forma significativa: “Ha habido muchas prisas por venderlo para tapar una operación mal planteada desde el origen”.

Ocultamiento inicial de varios meses

La Comunidad decidió vender el inmueble apenas un día después de que el diario El País destapara públicamente la operación. La adquisición, formalizada el 14 de abril, permaneció completamente oculta durante meses: Planifica Madrid omitió publicarla en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid y no la incluyó en sus cuentas anuales. Análisis detallados de la agenda pública del organismo han revelado que durante abril, mayo, junio y julio la actividad oficial quedó en un punto muerto, incorporándose solo de forma retrospectiva la anotación de “Firma notaria” correspondiente al día del otorgamiento de la escritura.

Cambios sucesivos en las justificaciones

Las justificaciones del Ejecutivo madrileño han variado significativamente a medida que se revelaban más detalles de la operación:

• Justificación inicial: La vivienda actuaría como sede provisional de la Presidencia ante las obras previstas en la Real Casa de Correos.
• Problema legal surgido: La normativa urbanística madrileña prohíbe usos administrativos e institucionales en inmuebles de carácter estrictamente residencial.
• Nueva justificación anunciada: Los fondos obtenidos de la venta irían destinados a reparar los daños causados por los incendios forestales de verano en la Sierra Oeste de Madrid.

Elusión de controles administrativos mediante estructura pública

La utilización de Planifica Madrid como mercantil pública permitió al Gobierno regional eludir sistemas de control administrativos previos, la fiscalización obligatoria de la Intervención y la preceptiva autorización del Consejo de Gobierno que exige la ley en el régimen patrimonial de la Administración Pública para este tipo de operaciones.

Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia y responsable máximo de Planifica Madrid, ha insistido desde el pleno de la Asamblea regional que la compra se enmarca en la “actividad institucional” del Gobierno regional y que nunca se destinó a residencia oficial para la presidenta, quien “como siempre, vive en su propia casa”. Sin embargo, la falta total de demanda en la subasta sugiere que el mercado es profundamente escéptico sobre los usos reales y legítimos del inmueble.

Cambios personales e inicio de procedimientos judicales

Tras el estallido de la polémica política, Ayuso dejó su anterior piso de Chamberí, que compartía con su pareja Alberto González Amador, e se instaló en una urbanización de Puerta de Hierro, una de las zonas más acomodadas de la capital madrileña. Su nueva vivienda, de entre 130 y 150 metros cuadrados, cuenta con piscina y garaje privado, y el alquiler de un inmueble con esas características se sitúa entre 2.500 y 3.000 euros mensuales.

El caso se encuentra plenamente judicializado. El juzgado ordinario número 8 de Madrid abrió diligencias previas tras remitirse denuncias formales de varios partidos políticos y colectivos activistas. Adicionalmente, la operación de Planifica Madrid ha sido llevada ante el Tribunal de Cuentas para que analice exhaustivamente si existió un perjuicio económico concreto a las arcas públicas de la Comunidad.