Tribunal Supremo aplaza decisión sobre voto de 400.000 nacionalizados en elecciones del 29-N

El Tribunal Supremo ha aplazado su decisión sobre si los descendientes de exiliados nacionalizados a través de la “ley de nietos” podrán votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha otorgado un plazo improrrogable de 48 horas (hasta las 15:00 horas del jueves) para que las partes presenten alegaciones.

Se estima que hay aproximadamente 400.000 beneficiarios de esta medida. El derecho al voto quedó suspendido cautelarmente tras recursos de Vox e Iustitia Europa, que alertaron de un “gigantesco y masivo fraude” electoral.

El Supremo condicionó la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes en el Extranjero (CERA) a que los nacionalizados demuestren ser hijos o nietos de exiliados por razones políticas, ideológicas, de creencia u orientación sexual que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española. La Junta Electoral Central (JEC) fue encargada de exigir esta documentación.

La Abogacía del Estado denunció que se estaba “cercenando el derecho de sufragio” y advirtió de que era “materialmente imposible” revisar alrededor de 170.000 expedientes de nuevos electores antes del cierre del censo del 1 de enero.

Sin embargo, las circunstancias cambiaron con el adelanto electoral anunciado por el presidente Pedro Sánchez. La ley establece que el censo válido para los comicios es el que conste dos meses antes de la cita electoral. Para el 29-N, esto significaría usar el censo del 1 de agosto, una fecha anterior a que el Tribunal Supremo dictara las medidas cautelares que paralizaron el voto obtenido vía “ley de nietos”. Este factor podría ser determinante en la decisión del tribunal.