Tusk descarta un acuerdo con la oposición sobre el Tribunal Constitucional de Polonia tras la intervención policial

En su discurso a la nación, emitido el sábado por la noche, el primer ministro polaco, Donald Tusk, intentó aplacar la crisis de Estado causada por la intervención policial en el Tribunal Constitucional, ocurrida la tarde del viernes. «Ayer fuimos testigos de eventos escandalosos frente al edificio del Tribunal Constitucional. Me gustaría mucho que nunca tuviéramos que ver escenas similares en Polonia», dijo.

El conflicto, que se remonta a 2015, gira en torno a la legitimidad de los magistrados, cuya independencia quedó cuestionada durante los gobiernos del PiS (2015-2023). Tusk intenta revertirlo, pero el presidente Karol Nawrocki, afín al PiS y ahora en la oposición, ha bloqueado la incorporación de nuevos jueces elegidos por el Parlamento. Esos jueces prestaron juramento sin su presencia, y el presidente del Tribunal, Bogdan Święczkowski, se negó a reconocerlos.

La tensión estalló el viernes, cuando la magistrada Anna Korwin-Piotrowska suspendió temporalmente a Święczkowski y a su vicepresidente y asumió la dirección del órgano. Nawrocki calificó la maniobra de «toma por la fuerza» de una institución constitucional, regresó antes de lo previsto de un viaje a África y acudió al Tribunal, donde se produjeron enfrentamientos y protestas.

Tusk aseguró que «miembros legalmente elegidos del Tribunal fueron atacados, y la policía en el lugar protegió al Tribunal de los atacantes». Descartó un compromiso sobre el Constitucional con la otra parte y comparó la situación con un ladrón que, al ser detenido, grita que se usa violencia contra él. Criticó a quienes sugieren que ladrón y víctima compartan el botín por igual.

Nawrocki convocó con carácter urgente a los partidos de la mayoría centrista y de la oposición nacionalista, «debido a la amenaza que pesa sobre la seguridad interior de la república de Polonia». Denunció una «violación del orden constitucional» y pidió la retirada de las fuerzas de seguridad del Tribunal. Acudieron el PiS y, más a la derecha, Confederación. La Coalición Cívica (KO) de Tusk no fue: sus socios de izquierda alegaron no haber recibido la invitación. Después, Nawrocki se reunió por separado con Krzysztof Bosak (Confederación), Władysław Kosiniak-Kamysz (Partido Popular Polaco), Mateusz Morawiecki (PiS), Adrian Zandberg (Razem, izquierda progresista) y Szymon Hołownia (Polonia 2050).

Bosak anunció: «Presentaremos una resolución para acortar el mandato del Sejm. Creemos que este gobierno debe ser destituido del poder y debe hacerse de manera coherente con la ley». Otro dirigente de Confederación, Sławomir Mentzen, explicó que había propuesto a Nawrocki reformar el Constitucional, y que la idea había sido bien recibida. La propuesta extinguiría los mandatos actuales de los jueces y nombraría quince nuevos con una mayoría de al menos tres quintas partes del Sejm, máximo órgano de gobierno de Polonia.

El PiS anunció una moción de censura contra Tusk para formar un «gobierno técnico» encabezado por el presidente del parlamento, Marek Jurek, que permanecería en funciones hasta la celebración de elecciones. Morawiecki exigió un «reinicio» del Constitucional. Zandberg calificó la escalada de «peligrosa para los polacos» y lamentó que el presidente «haya abandonado el papel de árbitro». Hołownia pidió que presidente y primer ministro desescalen y consideró que «el Tribunal Constitucional en esta forma es irrecuperable».

Desde el exterior llegaron críticas. El ex primer ministro húngaro Viktor Orbán escribió en redes sociales que Tusk pretende «dar un golpe de Estado contra su propio pueblo», en una «flagrante violación de la constitución polaca». Desde Moscú, el expresidente de la Federación Rusa Dmitry Medvedev denunció «un golpe de Estado en Polonia», culpó a «los liberales de Tusk, protegido de Bruselas» de oprimir a los conservadores del PiS, y comparó el método con el de «la Ucrania neonazi: la anulación de los poderes del Tribunal Constitucional».