Urbagestión demanda al Sindicato de Inquilinas por 10.000 euros tras ser tachada de "fondo buitre"

La empresa Urbagestión, propietaria del piso de donde fue desahuciada Maricarmen el miércoles, ha presentado una querella penal contra el Sindicato de Inquilinas por injurias, calumnias y ofensa al honor. Reclama una indemnización de 10.000 euros tras ser calificada como “fondo buitre” por la organización.

Procedimiento legal

La querella se acoge al artículo 804 de la Lecrim y a los artículos 172, 201 y 215 del Código Penal, más el artículo 138 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Urbagestión también acusa al Sindicato de coacciones y descubrimiento de secretos. La demanda llega después de que el Sindicato rechazara retractarse en un período de mediación.

El papel del Sindicato

El Sindicato de Inquilinas acompañó a Maricarmen en todo el proceso hasta el desahucio, lideró las protestas en su apoyo y convocó una acampada que atrajo a cientos de personas. La concentración reunió a celebridades, músicos y escritores que pedían frenar el lanzamiento de la mujer, una pensionista de 87 años en silla de ruedas que vivía en un contrato de renta antigua desde 1956.

La organización ha insistido en que Urbagestión se negó incluso a aceptar mediación del Ministerio de Vivienda, rechazó ofertas de compra y alquiler, y se negó a negociar sobre el precio de la vivienda.

Fundamento legal del desahucio

Urbagestión argumenta que el contrato dejó de ser válido tras la muerte de la madre de Maricarmen. Las segundas subrogaciones duran solo dos años y solo se pueden alargar si el inquilino tiene minusvalía superior al 65%. Maricarmen tenía un 50%, por lo que el Tribunal Supremo dictaminó que el contrato no era válido y abrió el camino al desahucio.

Según su web, Urbagestión se dedica a promoción, desarrollo y gestión de productos inmobiliarios y de farmacias. En 2025 facturó medio millón de euros y alcanzó un beneficio de 3.000 euros.